Con la presencia de representantes de las diferentes comunidades indígenas de los municipios del estado, la diputada María Eugenia Margarito Vázquez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y sus integrantes Laura Andrea Tovar Saavedra y Arturo Maximiliano García Pérez, así como la diputada por el PT, Claudia Díaz Gayou, presentaron la reforma Constitucional en defensa de los pueblos, barrios, comunidades indígenas y afromexicanas de Querétaro.
La diputada Eugenia Margarito recordó que esta es una reforma Constitucional federal y que la Legislatura local tiene 180 días para homologarla a las leyes estatales, por lo que se está en tiempo para su aprobación, informó que ya se han llevado a cabo foros informativos en diferentes municipios, en los que han estado presentes ciudadanos de diferentes comunidades indígenas y lo seguirán haciendo, con el fin de que estén enterados de los beneficios que traerán estas reformas. La presidenta de la comisión legislativa agradeció la presencia de los diferentes representantes de comunidades y pueblos indígenas y su participación para empujar estas leyes y exigir a los gobernantes que por medio de esta aprobación se respete a sus comunidades.
La presidenta de la Mesa Directiva, Andrea Tovar, consideró que estos son momentos históricos, porque gracias a estas reformas no se podrá hacer una ley que tenga que ver con los recursos naturales sin previa consulta. Dijo que la lucha para el reconocimiento de los pueblos originarios sigue, para que sus derechos tengan aplicación, por lo que las cosas tienen que cambiar en el estado, ya que la comunidad indígena forma parte de la sociedad queretana y no se les pueden negar sus derechos.
Por su parte, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, dijo que estas reformas tienen un fondo trascendental que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, de personalidad jurídica, de patrimonio propio, además de generar instituciones que les dé cauce para determinar políticas públicas, conforme a este nuevo mandato en la Constitución y se tengan elementos para traducirse en políticas públicas reales. Consideró que se requieren partidas presupuestales específicas para dar cumplimiento a estas nuevas disposiciones, para que pueblos y comunidades indígenas ejerzan estos recursos, y por ley tienen hasta el 31 de marzo para aprobar este paquete de reformas, por lo que les pidió su acompañamiento y exijan como ciudadanos, se analice con seriedad para que en un corto plazo se tenga en la Constitución local.
La diputada Claudia Díaz Gayou precisó que “el paquete de iniciativas presentadas constituye un paso decisivo hacia la construcción de un Estado más equitativo, incluyente y respetuoso de la diversidad cultural que lo compone. Su aprobación y puesta en marcha no sólo atenderá una obligación constitucional, sino que también marcará un hito en el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Querétaro”. Indicó que con estas reformas en el estado se da un paso adelante en el reconocimiento de su diversidad, fortaleciendo su democracia y garantizando la justicia social para todos, ya que deben ser respetados sus derechos y su dignidad protegida, y con estas reformas, Querétaro da un paso adelante en el reconocimiento de su diversidad, fortaleciendo su democracia y garantizando la justicia social para todos.
Este paquete de reformas incluye modificaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; a la Ley Electoral del Estado de Querétaro; a la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; a la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro.
Estas iniciativas no sólo buscan el cumplimiento del mandato constitucional federal, sino también consolidar un Querétaro más justo e incluyente, donde los derechos de las comunidades históricamente marginadas sean reconocidos y protegidos de manera efectiva.
Entre los beneficios que se proponen con estas reformas es el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; se garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada; es decir, se establecen mecanismos para asegurar que las comunidades sean consultadas en cualquier acción legislativa o administrativa que pueda afectar su entorno o derechos. Además, se fortalecerán sus derechos político-electorales; asegurando su participación en los ayuntamientos y en la toma de decisiones políticas y administrativas, respetando sus sistemas normativos.
Por otra parte, se propone la asignación equitativa de recursos públicos de al menos el 3% del presupuesto estatal y municipal para que sea destinado a programas de infraestructura social, educativa e hídrica en beneficio de estas comunidades, permitiendo su administración directa; así como el reconocimiento de su sistema de justicia y normas propias; la protección de su territorio y recursos naturales; así como el impulso a la educación intercultural y la preservación de sus lenguas, fortaleciendo programas educativos bilingües y la promoción de sus tradiciones culturales.
También se propone el acceso a medios de comunicación comunitarios y tecnologías de la información, por medio de la creación de medios de comunicación propios que reflejen su identidad y cultura; así como una mayor participación en la planeación estatal y municipal, garantizando la inclusión de sus propuestas en los presupuestos de desarrollo y en la definición de políticas públicas; además de la protección y promoción de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, estableciéndose medidas para garantizar su participación política y económica en condiciones de igualdad.
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