El Secretario de la Contraloría Alejandro López Franco, asistió a la Primera Reunión Ordinaria Región Centro Pacífico 2016 –a la que pertenece el estado de Querétaro- de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCEF), celebrada en la ciudad de Morelia, Michoacán, en la que presentó los avances en las líneas de acción para la implementación del Gobierno Abierto, particularmente en lo relacionado con la Ventanilla Única Nacional, en las diferentes entidades del país.
Alejandro López Franco informó a la asamblea –en la que también participan sus homólogos de la Ciudad de México, los estados de Guerrero, México, Michoacán y Morelos- que la Contraloría de Querétaro ha hecho oficial la invitación a los gobiernos de todos los estados de la República a suscribir Convenios de Coordinación Federación-Estados, para dar impulso a la integración en la Ventanilla Única Nacional, así como el envío a todas las entidades federativas del proyecto de dicho convenio, por lo que se está en espera de la retroalimentación de las entidades para concretarlo.
Cabe recordar que la Ventanilla Única Nacional tiene como objetivo primordial: reducir las cargas administrativas a los ciudadanos y mejorar el ambiente para hacer negocios, así como optimizar el número de días y costos de los principales trámites para abrir una empresa.
La Región Centro-Pacífico centra sus trabajos en la línea de acción: “Gobierno Abierto”, que tiene por objetivo generar administraciones más transparentes, eficientes, impulsando la cultura de la rendición de cuentas y que mejorando la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
La CPCEF es la instancia de vinculación de los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal y los gobiernos Estatales, así como de la Ciudad de México, que promueve la implementación de instrumentos y mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública con el fin de impulsar una eficaz vigilancia en el manejo, así como la aplicación de los recursos públicos, manteniendo los criterios de probidad, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, además de observar la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades.
