La diputada por el Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, presentó una análisis jurídico del Decreto enviado por el gobierno del estado para que esta Legislatura autorice a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), así como al Poder Ejecutivo, para desarrollar el proyecto denominado “Sistema Batán”, bajo el esquema de Asociación Público-Privada.
La legisladora dio a conocer que la fracción legislativa que representa se pronuncia en seguir la revisión exhaustiva del documento porque los diputados no pueden aprobar algo que deje en incertidumbre el patrimonio de los queretanos en un monto tan importante como el que se está pretendiendo que se autorice.
Díaz Gayou consideró que la iniciativa de decreto es un cheque en blanco para la CEA, ya que no se conocen a detalle los términos en los que habrá de ser concursado y suscrito el contrato de Asociación Público-Privada y se pretende que se autoricen las acciones que se establezcan, sin que se señalen en el decreto, por lo que se pide que se apruebe lo que no se conoce.
En su análisis, la diputada informó que el decreto se basa en la creación de un sistema de regeneración y potabilización de agua para uso humano en la zona metropolitana del estado de Querétaro, con una capacidad de hasta mil 800 Lts/s de agua potable, por lo que cualquier sistema con una capacidad menor a estos mil 800 litros cumpliría con lo que solicita que se apruebe en el decreto. Cuando lo correcto debería ser, que el sistema tuviera una capacidad de por lo menos mil 800 Lts/s.
Por otra parte, se plantea que primero se apruebe el decreto, después se realice el análisis de capacidad de pago y posteriormente se firme el contrato de Asociación Público-Privada, lo que es legalmente incorrecto. La legislatura deberá hacer su propio análisis de capacidad de pago antes de autorizar el decreto, independientemente de los documentos que remitió el Ejecutivo con el fin de acreditar este punto.
El decreto propone que se autorice un monto total de 41 mil 400 mdp y que este se actualice de acuerdo con lo que se establezca en el contrato, dándole total libertad a la CEA para que fije la forma en que se pueda actualizar a la alza el monto, con total discrecionalidad invadiendo la esfera de competencia de la Legislatura.
En este análisis se señala que el destino de las obras, infraestructura y equipamiento que se realicen por el desarrollador serán transferidas a la CEA en el momento y términos que se pacten en el contrato sin señalar fechas, condiciones y montos.
Asimismo, la legisladora puntualizó que el decreto deja abierta la posibilidad de que sean señalados como fuente de pago todos los ingresos de la CEA y esta afectación de recursos se propone que sea irrevocable durante el periodo de la Asociación Público-Privada, por lo que, si se afirma que los ingresos del proyecto son suficientes para pagar las obligaciones de este, por qué no solo establecer como fuente directa de pago y afectar solamente los ingresos del proyecto, no todos los de la CEA.
Díaz Gayou indicó que también se establece la constitución de por lo menos dos fideicomisos, uno para la administración de los recursos y ejecución de los proyectos, y otro para la captación y administración de los ingresos que queden como fuente de pago, en otras palabras, los ingresos de la CEA van a ir a un banco y de ahí el primero que va a cobrar es el desarrollador del proyecto y lo que sobre, si sobra, será para la CEA.
“Y por si los ingresos de la CEA no alcanzarán como garantía de pago, el decreto autoriza al Poder Ejecutivo a constituirse como aval de la CEA, dejando en garantía de forma irrevocable las participaciones federales presentes y futuras que le corresponden al estado, durante todo el periodo de duración del contrato”, precisó la legisladora.
Como opinión técnica sobre capacidad financiera, la empresa que la realizó identificó que la CEA en adición a las contraprestaciones del Sistema El Batán, tendrá un gasto de energía eléctrica de ese proyecto por 543 mdp, situación que coincide con la iniciativa de decreto de que la CEA se compromete a realizar un proyecto de eficiencia energética, lo que concluye en que todo el pago de energía eléctrica del sistema El Batán correrá a cargo de la CEA.
La diputada Claudia Díaz Gayou concluyó su análisis precisando que “el decreto pretende que la Legislatura le autorice a la CEA establecer condiciones adicionales a lo autorizado en el propio decreto siempre que las mismas no contravengan el sentido o contexto original de lo aprobado, por lo que de facto lo que se proyecta es que se le den facultades legislativas a la CEA para poder adicionar el decreto en aquello en lo que no esté considerado, situación que es exclusiva de esta Legislatura”.
