Un tribunal superior de Brasil rechazó hoy el pedido de la defensa del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, condenado en segunda instancia a más de 12 años de prisión, para evitar su encarcelamiento por corrupción, en una batalla que pone en riesgo sus planes de reelección.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, una de las mayores cortes del país, negó a Lula da Silva el derecho a evitar la prisión preventiva si la condena en segunda instancia, emitida el 24 de enero pasado, es confirmada tras los recursos que presentaron sus abogados y que deben ser juzgados en los próximos días.
Los abogados del expresidente habían presentado al STJ un recurso de “hábeas corpus” para que garantizarán que, a diferencia del entendimiento mayoritario de la jurisprudencia brasileña actual, el exmandatario no ingresaría en prisión hasta que se agotaran todos los recursos posibles en segunda instancia.
Sin embargo, los cinco jueces del STJ votaron en contra de la concesión del “hábeas corpus”, y dijeron que no existe “ilegalidad” en la encarcelación de Lula da Silva si fracasan los recursos a la condena por 12 años y un mes.
“Es una mera suposición que el paciente (Lula) será encarcelado”, dijo el juez Jorge Mussi, del STJ, quien añadió que “aunque hubiese riesgo (de cárcel) no se vislumbra ilegalidad o abuso de poder en la ejecución de la pena privativa de libertad”.
Sepúlveda Pertence, expresidente de la Corte Suprema y recién contratado por Lula da Silva, para defenderle, aseguró que existe una “falaciosa presión de órganos importantes de la prensa para forzar su condena”, y pidió que se “reafirme el principio constitucional básico de la presunción de inocencia”.
Tras la negativa del STJ dijo, sin embargo, que todavía queda “mucha lucha por delante” para evitar que el exmandatario Lula da Silva sea encarcelado y privado de participar en los comicios presidenciales.
La decisión unánime, con todo, supone un nuevo golpe a sus aspiraciones del exgobernante de presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, y lo acerca a una eventual entrada en prisión que podría producirse en los próximos meses o incluso semanas.
Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula da Silva fue condenado por unanimidad por los tres jueces de un tribunal de apelación brasileño por delitos de corrupción, e incluso elevaron su pena de nueve años y medio a 12 años y un mes de cárcel.
Lula ya había sido condenado en julio pasado por esta misma causa, en primera instancia, al beneficiarse de la reforma millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar.
El expresidente niega la propiedad del apartamento, y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la reforma del departamento aprobados por la esposa fallecida de Lula, indican que la familia del exmandatario era la beneficiaria del inmueble.
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