El diputado advierte que rechazar la homologación podría colocar a Querétaro en desacato frente a la Constitución
Frente a las recientes declaraciones emitidas por el diputado del PAN, Enrique Correa, en las que señala que no pasarán ninguna reforma constitucional impulsada desde la Federación, el diputado Ulises Gómez de la Rosa manifestó su preocupación por el alcance de dichas expresiones y solicitó al panismo aclarar el sentido y las implicaciones de las mismas, al considerar que plantean escenarios delicados que deben ser precisados en tres cuestiones fundamentales.
La primera, que el Partido Acción Nacional y el gobierno del estado aclaren si avalan dichas declaraciones y si con ellas se plantea una confrontación directa con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
En segundo término, cuestionó a las dirigencias y fracciones parlamentarias de los partidos PRI, MC y PVEM sobre la existencia de alguna declaratoria mediante la cual hayan renunciado a tener vida propia en la Legislatura y hayan nombrado como vocero oficial de sus representaciones al diputado Enrique Correa, toda vez que este se pronuncia a nombre de dichos partidos en una coalición antirreformista, sin que exista discusión ni votación previa, sino de facto, al sostener que conforman una mayoría articulada en contra del gobierno federal. En particular, subrayó la importancia de conocer la postura del Partido Verde Ecologista de México respecto a si acompañará una posición contraria a Sheinbaum.
Y en tercer lugar, y de manera aún más preocupante, señaló que dentro de las reformas constitucionales a las que se hace referencia se encuentra la reforma judicial, la cual, de manera obligatoria, deberá derivar en un proceso de renovación total de magistrados y jueces en el año 2027, dado que la homologación a la reforma federal es ineludible. Advirtió que, de no llevarse a cabo dicho proceso y no realizarse la elección correspondiente, las decisiones, actuaciones y sentencias podrían carecer de legalidad o ser susceptibles de impugnación, ya que las personas actualmente en funciones dejarían de estar legalmente en sus cargos el último viernes previo a la elección constitucional de 2027, generándose un vacío de representación.
Finalmente, el diputado subrayó que la reforma judicial va de la mano con la reforma electoral y que, en consecuencia, deberá elegirse la totalidad del Tribunal Superior de Justicia en junio de 2027. Enfatizó que no existe una salida “cómoda” ni una vía alterna a la queretana, ya que cualquier omisión colocaría al estado en desacato frente a la reforma federal.