Por fin el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se animó ante los medios de comunicación -en conferencia de prensa- y afirmó lo que para muchos era una verdad sabida: los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados.
Ante la incertidumbre que se había generado –y seguirán los oportunistas de la CNTE- sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, allá por Iguala, Guerrero, se crearon infinidad de versiones sobre su paradero hasta llegar a crear historias fantasiosas como aquella de que se aparecen los normalistas en los sueños y dicen que están vivos recluidos en un Cuartel del Ejército.
Sin embargo, lo más grave de esta tragedia ha sido la utilización de la organización sindical de maestros radicales de la CNTE, quienes ante el remordimiento y culpabilidad indirecta y política que tienen en el asunto del homicidio colectivo, se han dedicado a crear un movimiento desestabilizador inculpando de todo al gobierno federal, pasando por alto la responsabilidad de los gobiernos municipal y estatal.
Maestros de la CNTE son indirectamente responsables ya que bajo su responsabilidad oficial se encontraban los estudiantes en el internado. Uno de los maestros dio el permiso para que los estudiantes se fueran a “botear” y robar camiones como es costumbre para ellos. Y políticamente -como mentores- los mismos profesores les inculcaban su ideología política rebelde y contestataria en contra del gobierno. De ahí que ahora el movimiento sea de la CNTE y no de los padres de familia a quienes solo utilizan, de entre los cuales hay indígenas que no hablan español.
La fuerza política del movimiento se sustenta en rechazar y negar toda credibilidad a lo que hace el área de procuración de justicia, apoyados por algunos medios de comunicación, periodistas –incluso del extranjero- y organismos trasnacionales como Amnistía Internacional, que no comulgan con el gobierno del Enrique Peña. Su objetivo es el desprestigio nacional e internacional del gobierno priista. Sistemáticamente rechazan todo sin justificación. Los desestabilizadores hoy impulsan la “impúdica” versión de que todo voto que en los procesos electorales se da es para el narco; por eso no debe haber elecciones.
Era necesario que el Procurador, con el cúmulo de pruebas que obran en la averiguación, diera la versión oficial: “Fueron asesinados, incinerados y arrojados al río los estudiantes”. Es la verdad histórica como jurídica. Fueron asesinados los 43 estudiantes. De atender a la irracionalidad de los “protestantes”, habría que dejar en libertad a todos los que han sido detenidos, aun aquellos que afirman haber asesinado e incinerado a los estudiantes. Liberar a los Abarca por falta de elementos para procesar. Eso sí sería un suicidio jurídico y político del gobierno federal, lo cual no debe ni puede permitirse. Primero las instituciones democráticas. Vendrán más virulentas reacciones y habrá que contenerlas legal y pacíficamente; pero no doblegarse ante la impertinente necedad.
