El coordinador de la bancada del PRI, en la Legislatura local, Mauricio Ortiz Proal, literalmente se sacó de la manga la propuesta legislativa para que sean los diputados quienes establezcan las tarifas para el cobro del agua potable. Seguramente alguien le vendió la idea populista.
La CEA es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía técnica y patrimonio propio. Inicialmente es una facultad de los municipios la administración del agua potable, acorde con lo establecido en la Constitución federal, pero por disposición del legislador y ante la incapacidad de los municipios para llevar a cabo dicha labor, se dispuso en el Código Urbano que sea la CEA la que administre el asunto del agua potable.
Claro, en tanto no reclame su atribución constitucional el municipio y tenga la capacidad para desempeñar la delicada y trascendente actividad de llevar agua potable a los hogares, a la industria, así como atender el alcantarillado, saneamiento, la disposición de aguas residuales y tratadas. Como lo fuera en la primera administración panista de San Juan del Río, con Salvador Olvera Pérez, a quien el gobierno del Enrique Burgos, le dio todas las facilidades y apoyo para que se creara Japan (Junta de Agua Potable). Desde entonces el Municipio de San Juan del Río, se hace cargo del sistema y cobran por los servicios del agua potable y demás.
De tal suerte que la CEA tiene bajo su responsabilidad planear, programar, estudiar, proyectar, diseñar, construir, rehabilitar, ampliar, mejorar, conservar, desarrollar, administrar, mantener, operar, regular y controlar los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas, así como los medios alternos de distribución de agua a través de carros cisterna, regulando las tarifas, precios, formas y procedimientos de distribución a través del Reglamento. Asimismo, podrá realizar procesos de producción, conducción, distribución, comercialización y consumo de agua purificada para embotellamiento y envasado, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que correspondan, obteniendo las licencias y autorizaciones que se requieran.
Además debe coordinarse con las autoridades competentes en todos los programas, proyectos y acciones relativas a la prestación de los servicios y, en su caso, llevar a cabo la suscripción de los convenios de coordinación o cooperación para la construcción de obras nuevas, rehabilitaciones, ampliaciones o mejoras en sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales y tratadas, y servicios relacionados con éstos; también realizar los estudios que determinen los requerimientos futuros de caudales y volúmenes para la prestación de los servicios que proporciona, así como coordinarse con las autoridades competentes para tales efectos.
Y, por supuesto la manzana de la discordia que propone el diputado Mauricio Ortiz, que es la de aprobar las tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas; así como aplicar las actualizaciones o ajustes correspondientes y aprobar las contribuciones que deberán aportar los beneficiados por obras hidráulicas.
Como lo advertimos, corresponde originalmente a los municipios la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas, quienes lo hacen por conducto de la Comisión Estatal de Aguas. En consecuencia este organismo está facultado para planear, programar, construir, mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación federal y del Código Urbano, de los reglamentos y disposiciones jurídicas que rigen la gestión de las aguas en el Estado de Querétaro.
En síntesis, la CEA tiene como otro de sus objetivos, el desarrollar y planear financieramente y de forma integral la autosuficiencia necesaria, así como elevar el nivel de los servicios, fortalecer la administración de los sistemas para prestar dichos servicios y asegurar las características y especificaciones en ampliaciones realizadas por terceros para el buen funcionamiento y beneficio de los usuarios.
Toda la responsabilidad de la CEA es meramente técnica, alejada de cualquier decisión política que pudiera trastocar el buen funcionamiento de los servicios que presta este organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, en beneficio de la población. De tal manera que, dejar en manos de los diputados el establecimiento de las cuotas a cobrar por el servicio del agua potable, sería un peligro, entrarían en juego criterios políticos populistas, incluso de corte electorero.
Se trata de una empresa que requiere para su buen funcionamiento gente especializada en ese trabajo y en el manejo de las finanzas, para que sea autosustentable financieramente. Como los legisladores carecen de los conocimientos en la materia, tendrían que contratar especialistas o pedirle a la misma CEA les de los informes financieros, para, entonces los legisladores decidir cuáles pueden ser los precios que deben cobrarse a los usuarios, hecho que resulta ridículo.
Como un claro ejemplo recordemos las razones del por qué se quitó de las manos la decisión de aprobar las cuentas públicas de todos los entes gubernamentales, de los diputados. Sencillamente porque se negociaban las cuentas. Se tuvo que dejar en manos de los técnicos la revisión de las cuentas, alejadas de los intereses políticos.
Seguramente no pasará la iniciativa del legislador queretano, sin embargo considero que es necesario dejar en claro que los diputados no deben meterse en temas técnicos, por razones de ignorancia en la materia (de por sí). Hasta ahora las cosas han funcionado bien, los precios son razonables por el consumo del agua potable. Cierto, habría que ajustar más de alguna tarifa en aquellos casos en los que literalmente se regala el agua para regar jardines y lavar carros. No deben intervenir criterios políticos para fijar las cuotas, eso jamás.
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