El Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad.
Al emitir su posición respecto al informe de la organización Open Society Justice Iniciative, el gobierno mexicano recordó que el país por tradición se ha comprometido con los derechos humanos y ha tenido liderazgo internacional en su defensa y promoción.
Hacia su interior, dijo, se ha reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara y durante la actual administración federal se han dado pasos importantes.
Por ejemplo, abundó, en materia de procuración de justicia y combate a la impunidad, entrará en vigor en todo el país el próximo 18 de junio el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad.
En ese sentido, en enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, recordó.
El gobierno mexicano resaltó que en el tema del combate a la tortura, en diciembre pasado, el Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y fue aprobado hace unas semanas por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados.
También emitió el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura (2015), de aplicación en todo el país, así como el establecimiento de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura dentro de la PGR (2015), señaló.
Respecto a personas desaparecidas, destacó que el Ejecutivo presentó en diciembre de 2015 una iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y que se discute actualmente en el Senado.
Además, se cuenta con mecanismos en materia de procuración de justicia, como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, que opera en todo el país, así como el tránsito de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la PGR.
Asimismo, se implementó el uso de la base de datos ante mortem/post mortem, sistema donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para gestionar y sistematizar la información, en todo el país, sobre personas desaparecidas.
El gobierno de México destacó que en el país, la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales.
“La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, subrayó.
Señaló que Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, se destaca que, en caso de excesos, el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.
“La estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos. En los últimos tres años, los homicidios dolosos se redujeron en 22 por ciento y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta en 45 por ciento, mientras que el secuestro muestra una reducción del 27 por ciento y la extorsión del 30 por ciento”, anotó.
Independientemente de lo anterior, dijo, el Gobierno de la República reconoció que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirmó que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos.
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