Rodarán cabezas en el tema del cárcamo de 5 de Febrero que costó 526 millones y no ha funcionado; rodarán cabezas, y no en aras de la transparencia, sino para proteger al PAN en la elección del 27 y desmarcar de ese tema al proyecto hídrico El Batán.

El gobierno de Mauricio Kuri y los diputados locales ya se ponen de acuerdo en sancionar a los responsables del fraude del cárcamo, fraude que dejaron a descubierto las intensas lluvias que han tenido sitiada a la ciudad de Querétaro.

Se sancionará lo relacionado al cárcamo, pero no se va a auditar toda la obra 5 de Febrero. El tema es de tres bandas, porque la obra del cárcamo fue ejecutada por una empresa ligada directamente con el diputado federal de Morena, Pedro Haces; así el gobierno “limpia la cara del PAN” y le pega a Morena.

En la semana que inicia mañana se darán importantes anuncios en torno a las sanciones y a los funcionarios y constructores que ejecutaron la obra del cárcamo, porque cambiar las bombas o el cuarto de máquinas no es más que una medida simplista y es solapar a los ejecutores de la obra.

Hay preocupación en el gobierno del estado y en el PAN, porque el tema del cárcamo les pega en la línea de flotación para la elección del 27 y del proyecto El Batán. Por eso Fernando González, el exsecretario de Obras, y su equipo andan nerviosos, porque alguien tiene que pagar los platos rotos. Igual andan los de la empresa constructora.

Tal vez no sea directamente Fernando González, pero de que algunos de los funcionarios ligados a la obra van a pagar, eso es un hecho. Aunque sean sanciones administrativas que no les va provocar mayor preocupación, se quedará en el maquillaje burocrático.

Se habla de también de “especialistas” en hidráulica que fueron parte de la obra y que ahora —dicen— despachan desde el Colegio de Ingenieros; aunque por cuestiones políticas, ahí no van a proceder.

Igual en Obras Públicas hay preocupación por el tema y por el de los 40 millones de pesos para obras de ornato para 5 de Febrero, que no se ven para nada pero ya fueron aplicados; por eso se investiga a la empresa que surtió de arboles y plantas que se compraron con esos recursos.

El tema es que con los constructores hay interese partidistas —la empresa está ligada a un político de Morena—, por eso el contralor del estado los ha solapado y no ha procedido; pero lo tendrá que hacer e imponer la sanción —maquillada si quiere— a la empresa.

Es la empresa PUQSA la que ejecutó el cárcamo y se sabe que está directamente relacionada con a la familia de Pedro Haces, político y diputado federal de Morena y líder de la CATEM, cuyo operador político en el estado es Érik Osornio, que además es su suplente en la Cámara de Diputados.

El monto de la obra tuvo un costo de 526 millones de pesos, aunque especialistas dan un valor no más de 200 millones. Fue un gran negocio económico para la actual administración y PUQSA, y ahora en el fracaso del cárcamo se van a pedir cuentas a PUQSA y al Fernando González como los responsables directos de la obra, pero no serán ellos los que carguen el peso de las sanciones, sino colaboradores menores.

Así las cosas, ahora resulta que el costo político lo pagará Morena en el 27 porque una empresa ligada al diputado federal guinda construyó el cárcamo.

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