Mayo, con 2 mil 833 homicidios dolosos, ha sido el mes más violento de 2022; la cifra supera los 2 mil 728 de noviembre de 2018, último mes de Enrique Peña Nieto.
A veces las estadísticas palidecen ante los casos individuales. México está conmocionado por el asesinato de dos jesuitas el 20 de junio en una iglesia de Cerocahui, en el municipio chihuahuense de Urique, y del horrendo crimen del joven abogado Daniel Picazo en Puebla.
Hay semanas en las que la violencia se manifiesta de distintas formas que remiten, una y otra vez, a la misma premisa: el crimen organizado circula a sus anchas en algunos territorios, comunidades, municipios, estados, del país. Y a eso se añade un corolario espantoso. Esto es, el delirio de una falsa justicia ejecutada al margen de la ley.
La ola de violencia va del norte de la República, de Chihuahua, Zacatecas, al sur, Chiapas; pasando por el centro, Guanajuato y Puebla.
Empezamos por este último estado, gobernado por Morena: una localidad de la sierra de Puebla fue escenario de un crimen que evoca el pasado sombrío de Canoa: un joven asesor del Congreso local, de los diputados, Daniel Picazo, fue linchado y quemado.
Horrendo crimen que conmocionó a los mexicanos que exigen justicia para Daniel.
En Papatlazolco es difícil reconstruir el asesinato, porque muchos –todos los habitantes– se escudaban en que lo mataron “por error”, confundiéndole supuestamente con otra persona, justificando el linchamiento si la víctima hubiera sido un delincuente. Hay siete detenidos por el crimen. Poco, muy poco para hacer justicia a Daniel.
En Chiapas, también gobernado por Morena, un grupo de gente armada sembró el terror en San Cristóbal de las Casas entre balaceras y bloqueos. Se trata de la banda de Los Motonetos, una mafia local cuyo nombre se repite en los puestos del mercado de la ciudad.
Son un cartel, una pandilla, unos sicarios, unos matones que han desatado esta nueva ola de violencia que ha dañado el corazón turístico de ese bello estado; en San Cristóbal de las Casas, cuna del zapatismo, varias bandas se disputan el control de las rutas que desde la frontera con Guatemala conducen hacia el norte.
Rutas de trasiego de droga, de trata de blancas, de migrantes centroamericanos que reclutan, por voluntad o a fuerza, los malandros.
Y precisamente en el norte el horror asumió otro rostro. En la Sierra Tarahumara fueron asesinados el lunes pasado dos sacerdotes de la orden de los Jesuitas, un guía turístico y hay cuatro turistas desaparecidos.
Los sacerdotes Javier Campos Morales (el “Padre Gallo”) y Joaquín César Mora Salazar fueron ejecutados luego de que un perseguido buscó refugio en el templo; los cuerpos fueron sustraídos. Los homicidas habían secuestrado a otras cuatro personas, incluyendo a una mujer y un menor de edad.
Según la fiscalía de ese estado gobernado por el panismo, los clérigos Javier Campos y Joaquín Mora fueron acribillados dentro de la iglesia de la comunidad de Cerocahui mientras resguardaban al guía Pedro Palma. Un tercer sacerdote que logró salvarse del fuego relató que los criminales se llevaron los cuerpos en una furgoneta. Aún no se tienen noticias de su paradero.
Y destaca Guanajuato, gobernado por el panismo, y Zacatecas, gobernado por Morena, y Michoacán, Jalisco que gobierna Movimiento Ciudadano, el Estado de México gobernado por el priismo, y la misma Ciudad de México, la joya del morenismo; en todos, la nota roja, los enfrentamientos, los crímenes, son cosa cotidiana.
Todos los estados del país están a expuestos al crimen organizado; unos más, otros menos; pero en todos los estados la violencia toma carta de naturalización, al grado de que otros países han emitido fichas rojas y previenen a sus ciudadanos que no vengan a turistear a México, a ningún estado.
Lo peor que nos está pasando es que normalicemos esa violencia.
