No se salva ninguno de los 25 aún legisladores locales –que cobran 200 mil pesos mensuales, 6 millones de pesos al mes–, todos pasaron de noche, sin trascender en su trabajo legislativo, se convirtieron en una oficina de partes del gobierno del estado, del gobernador Pancho Domínguez, vasallos del titular de la secretaría de Gobierno.
Como muestra, un botón de la semana pasada: la LIX Legislatura local deja sin dictaminar la ley que reforma al Código Penal para el estado de Querétaro, que preveía aumentar las penas contra quienes cometan delitos por violencia de género, así como dotar a las juezas y jueces de un catálogo mayor de medidas de seguridad, reparación y protección del daño en contra de quienes cometan violación, feminicidio, homicidio calificado y lesiones provocadas por razones de género, en las que se encuentran lesiones con ácidos o sustancias corrosivas.
Luego de que la fiscalía informó que se inició una carpeta de investigación por un incidente en el que dos mujeres resultaron con quemaduras tras ser agredidas con solventes en La Cañada, El Marqués, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jorge Herrera, lamentó los hechos ocurridos y reconoció que la iniciativa se encuentra “congelada”.
Pero solo es una muestra de la ineficiencia legislativa de los aún diputados, y muchos se reeligen hasta por tercera ocasión.
Porque hay temas de trascendencia social que fueron ignorados en la LIX Legislatura del Estado; por enumerar algunos, están el del matrimonio igualitario y una de cambio de identidad de género, así como la interrupción legal del embarazo.
Incluso, el activista y excandidato a la presidencia municipal de Querétaro, Walter López, acusó que, en el caso de matrimonio igualitario, la presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Verónica Hernández Flores, reconoció que había “línea de partido” –Acción Nacional, en este caso–, por lo cual no podría haber una resolución.
Ante la omisión, en varias ocasiones se han impugnado e interpuesto recursos legales para que dichas iniciativas sean discutidas y eventualmente aprobadas; han estado haciendo amparos, se han concedido amparos, se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia igual que otros activistas de otros estados, como Yucatán, Baja California, Sinaloa, quienes son los últimos estados que han aprobado el matrimonio igualitario y no porque sus legislaturas lo quieran, sino porque han sido obligadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Fue, es, evidente el poco poder de la oposición en la Legislatura, Morena principalmente, porque el PRI y las demás fracciones siempre fueron, son, comparsa, patiños del PAN, en cuanto a iniciativas, los grupos minoritarios no pueden convencer a veces ni a sus compañeros de bancada, menos a gran parte del Pleno, nunca supieron trabajar en la “labor política”.
Y no solo con el actual gobernador se rinden, sino que también con el gobernador electo que entra en funciones el 1 de octubre, y la semana pasada aprobaron, sin mayor análisis o responsabilidad de lo que representa para la administración pública, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, que vienen a incrementar el aparato burocrático.
Para “compensar”, los legisladores locales aprobaron la “trascendente iniciativa” que eleva a rango de patrimonio queretano ¡el escudo de los “Gallos Blancos”!, ¡hombre, qué nivel, qué nivel de legisladores tenemos!
Pero eso sí, venden “caro el voto”: por la afirmativa, dicen a todo lo que ordena el gobernador por medio de la Secretaría de Gobierno y sus mensajeros legisladores del PAN, mientras sus cuentas en los bancos y su patrimonio aumenta sin justificación alguna.
La misma o peor situación se espera con la siguiente Legislatura que se instalará el 27 de septiembre.
Solo para seguirles los pasos: no hay que dejar de lado lo que el vocero de Frente Queretano propuso al gobernador electo del estado, Mauricio Kuri González, y a la Legislatura próxima, que no solo trabajen en la “triple hélice”, que impulsa el desarrollo económico apoyado en el sector educativo y laboral, sino en una “cuádruple hélice”, que incluya no solo al gobierno, la academia y las empresas, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía para aterrizar proyectos en conjunto.
Aunque dudamos que les hagan caso.
