Solo era cuestión de tiempo para confirmar lo que eran indicios: los 15 mandatarios de los estados donde habrá elecciones de gobernador están en la mira de la justicia federal.

El 4 de enero publicamos que los gobernadores, los 15 que dejan el cargo este año, deberían de estar preocupados. Decíamos en esa colaboración que “ha trascendido que un gobernador y un poderoso exsenador escondieron en un rancho del norte del país a Rafael Caraveo Opengo, el operador de los panistas que recibía dinero de dudosa procedencia”.

Preguntábamos: ¿Será cierto que la autoridad federal lo sabe, lo investiga –lo del escondido en el norte– y quiere proceder en contra de ambos por obstaculizar la impartición de justicia?

Comentamos que los gobernadores –de los estados donde hay elecciones– van a sufrir si su candidato no gana, y no porque los electores los vayan a castigar, sino por las investigaciones que vienen, porque el eje de la actual política en el país pasa por la lucha anticorrupción.

Los mandatarios –15, entre ellos el de Querétaro– deben poner sus barbas a remojar en caso de perder el candidato que apoyan, y por supuesto, si no han sido pulcros en el manejo de los dineros públicos; y no solo hablamos de actos de corrupción, sino incluso de procedimientos administrativos no llevados conforme a la normatividad vigente.

Pues ayer martes, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Por conducto de Elizabeth Alcántar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda –entre otros servidores–, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de Morena, quien difundió el oficio en su cuenta de Twitter.

La verdad es que en el actual sexenio, hemos constatado que cuando hay una instrucción presidencial en contra de algún exfuncionario, particularmente de anteriores administraciones, el sesgo en la impartición de justicia es extremadamente parcial, salvaje y sin ninguna compasión.

Con la decisión de la FGR, muchos políticos, pasando por gobernadores, legisladores, posibles candidatos y otros protagonistas del acontecer político, andan con el Jesús en la boca.

Otros, en cambio, como los gobernadores en donde habrá elecciones en los estados que gobiernan, apuran el paso para tener en orden su administración, esos que dan cuenta de una administración pulcra de los recursos públicos están en el filo de la navaja.

Así que gobernadores –aparte de García Cabeza de Vaca– como Javier Corral, Jaime Rodríguez, Francisco Domínguez, José Ignacio Peralta, Silvano Aureoles, Carlos Mendoza Davis y Alejandro Tello deben aplicarse a dejar absolutamente todo en orden antes de que el fuego les llegue a los aparejos.

Cómo están las cosas en la aplicación de la justicia para quienes están en la cuerda floja, sobre todo los 15 gobernadores que dejarán de serlo a partir de los resultados electorales de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de 2021.

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