Ante la inminente aprobación del dictamen de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) en comisiones unidas de Educación y Ciencia y Tecnología de la Legislatura federal, la propuesta se mantiene centralista, discriminatoria y sin cambios sustanciales en pro de la comunidad científica, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.
Durante su participación semanal en el noticiario Presencia Universitaria, la académica e investigadora reiteró la premura con que se ha dado el análisis de esta iniciativa, toda vez que de los siete ejercicios de parlamento abierto que se habían estipulado para discutir las temáticas fundamentales, solo se han realizado dos: “Derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia” y “Definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”, dejando pendientes otros asuntos como: el fomento y el financiamiento público; el Sistema Nacional del HCTI y bases de coordinación con entidades federativas y municipios; y el Sistema Nacional de Centros Públicos.
En este contexto, citó información de medios nacionales que dan cuenta de que la aprobación del dictamen es inminente y hacen cuestionar el por qué de la urgencia, aún cuando no existe plazo fatal y tanto diputados como senadores habían establecido compromisos para escuchar a la comunidad interesada en que sea una normativa incluyente.
“(Los diputados de Morena dicen que pueden) aceptar hasta nueve cambios sustanciales en la nueva ley, para que se apruebe el martes 25 de abril, es decir, mañana y, bueno, que pase al pleno el día jueves (27 de abril), estos cambios son entre algunos otros: establecer un compromiso para que el presupuesto federal dedicado a ciencia nunca sea menor que el año anterior, es decir, quitan el compromiso de lograr el uno por ciento del Producto Interno Bruto (destinado a la ciencia y la tecnología), el promedio de los países que somos parte de la OCDE es del 2.9 por ciento y estamos México está en el .3 por ciento, es decir, no hemos llegado al uno por ciento, pero eso no quiere decir que se quite al menos esa meta; habla de mantener los centros públicos de investigación como entidades paraestatales y no modificar el régimen ni los derechos laborales de los actuales trabajadores de los centros públicos de investigación, este es un tema muy sensible porque la iniciativa de ley transgrede su autonomía”.
“Habla de aumentar de seis a ocho el número de representantes de investigadores del sector social y privado en la Junta de Gobierno, ¿cómo se invitan? de forma discrecional para que participen con voz y voto, es decir, está nulificada la voz del sector académico, no existe, no participa; tampoco se hace alusión a la participación de los consejos estatales de ciencia y tecnología; y no se menciona una intervención puntual de los gobiernos estatales o municipales, excepto que tienen que ser corresponsables en la asignación del recurso”, pormenorizó.
Por ello, subrayó la rectora, la comunidad interesada se encuentra pendiente de que esta misma semana se vote el dictamen y que deba tomar acción con otro tipo de alternativas: “pedir a la Cámara de Senadores los parlamentos abiertos y que se cumpla la palabra de hacer las modificaciones correspondientes; y, bueno, en todo caso irnos al amparo en lo particular, cada investigador podrá hacerlo en términos de que se cumpla todo este proceso que evidentemente está siendo pasado por alto”.
