La Ley general de Transparencia debe de apostar a respetar las bases y principios de la reforma Constitucional y evitar retrocesos, externó ante senadores el presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso Información (Comaip), Javier Rascado Pérez, quien acudió al Senado de la República para exponer ante una comisión de legisladores, la postura de esta organización respecto de la creación de un nuevo marco normativo.
“De la necesidad de maximizar los derechos fundamentales, entendiendo el principio de progresividad que se desprende de la reforma constitucional del 2011, que además habla de la convencionalidad; es decir la interpretación de los derechos fundamentales, no solo desde la constitución, sino desde los tratados internacionales: buscando siempre otorgar la mayor amplitud de éstos en su ejercicio por ello sería muy grave que una ley secundaria consignara retrocesos que llevaran a una paradoja la ley reglamentaria de la constitución fuera anticonstitucional”, expuso como premisa.
Y es que esta nueva Ley General de Transparencia, derivada de la reforma constitucional en la materia, repercutirá también en el funcionamiento de los órganos garantes de los estados, de ahí la importancia de su participación.
“No son pocos los avances que se han mantenido (en los estados) y muchos de ellos, finalmente, se vieron reflejados en la reforma constitucional, ejemplo de ellos, partidos políticos, sindicatos u órganos constitucionalmente autónomos como sujetos obligados. Reconocemos especialmente que se abra el espacio en esta Cámara”.
Rascado Pérez, quien preside el órgano garante de Querétaro –la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG)- expuso algunas propuestas que pudieran abonar a la conformación de esta ley.
Dijo que la Comaip y los órganos estatales se suman y respaldan al IFAI en su visión y postura respecto a la reforma, “pero asimismo también reconocemos las aportaciones de todos los especialistas en el tema, hablamos de Articulo 19, Fundap y la Red por la rendición de cuentas”.
Rascado Pérez planteo la necesidad de que se integre un sistema nacional de transparencia entre los órganos estatales y el IFAI, en donde se cree un foro de intercambio de ideas y reflexiones plurales para la discusión y consenso, así como la construcción de la política pública en materia del Derecho de Acceso a la Información, “como hasta el momento lo ha sido la Comaip”, externó.
Planteó que es necesario que se adopten acciones coordinadas en materia de Transparencia y Acceso a Información Pública acordes con las disposiciones previstas en la normatividad aplicable “sin permitir posibles injerencias que minen su autonomía constitucional, ello evidentemente no impedirá que se puedan invitar a especialistas de los temas para que manifiesten su punto de vista.
Asimismo, explicó que la prueba de daño ha sido uno de los mayores avances que a la fecha se han logrado en materia de transparencia, ya que es la obligación que tiene la autoridad el manifestar cuál es el daño que puede causarse por revelar una información que se pretenda reservar.
“Resulta imperativo que siempre que se reserve la información, exista una justificación razonada de origen que permita a las personas entender los motivos de la autoridad y no dejar esta carga a los sujetos obligados, porque esto nos llevaría a una carga negativa de la prueba”.
Exaltó que deba prevalecer el principio de máxima publicidad, que deriva de la Constitución y los tratados internacionales, previéndose expresamente la preferencia en la Ley General respecto de cualquier otro ordenamiento que contenga causales de reservar o de confidencialidad, y como ejemplo enlistó la necesidad de que se publiquen los nombres de beneficiarios, en materia tributaria, de condonaciones y créditos fiscales.
“Y no dejarlo como un dato estadístico, ya que lo anterior seria congruente con al principio de máxima publicidad, finalmente quien recibe la condonación está siendo beneficiario de un recurso público”.
En este mismo sentido se manifestó a favor de otorgar información sobre la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, reservando los datos delicados, en donde puso a Querétaro como ejemplo del tema.
Asimismo, se refirió a la máxima de que todo acto público debe ser documentado; es decir, que exista la obligación de generar un archivo público, ya que de no existir documentos, el acceso a la información resulta un ejercicio casual.
“La ley general debe de ceñirse a las bases y principios así como a cuestiones meramente procedimentales, y no abarcar cuestiones estructurales u orgánicas, cuestión que cada entidad federativa debe determinar atendiendo a su complejidad y necesidad”, finalizó.
Cabe recordar que la Comaip es una agrupación de órganos garantes de las 32 entidades del país, más el IFAI y que el martes de la semana pasada, una comisión encabezada por Rascado Pérez, acudió a las oficinas del IFAI para exponer algunas observaciones en rueda de prensa a nivel nacional.
