Con la temática “Responsabilidad ética y profesional”, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq) promovió a través de los especialistas españoles en compliance, Eduardo Navarro Villaverde y Eloy Velasco Núñez, prácticas desde este enfoque para ejercer las diversas profesiones conforme a la normatividad y con sentido ético.
Acompañada por el asesor en Políticas Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, Juan Martín Granados Torres, la presidenta de Fecapeq, Mayela Portos Hernández, afirmó que esta Federación de profesionistas se prepara con herramientas como el compliance, “se involucra y entiende la responsabilidad que implica contar con un título profesional ético y digno que tenga un impacto social”.
“Hoy el compliance no es una opción, es una necesidad. Es el camino para proteger la reputación profesional, fortalecer nuestras instituciones y garantizar el ejercicio de cada profesión. Y que esa profesión se realice conforme a la normatividad y con sentido ético”.
Juan Martín Granados explicó que este método que nació en España permite no solamente tener éxito profesional, sino contar con organizaciones responsables, y lo más importante que la ciudadanía y las personas a las que sirve de manera individual tengan la certeza de quién les presta ese servicio.
“Por ello tiene gran relevancia realizar esta conferencia aquí en Fecapeq, la casa del conocimiento especializado y profesional que hay en Querétaro. Más allá de la profesión y especialidad que se ponga en práctica, para mí es lo más importante es el tema ético, del deber y la responsabilidad desde el enfoque ético”.
El director del máster compliance officer de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Navarro Villaverde, explicó el valor integral de este enfoque, más allá de la repercusión penal en el ejercicio indebido de una organización, el valor y la diferencia estratégica de las empresas que lo aplican.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco Núñez, expuso la responsabilidad penal de las personas jurídicas hacia el cumplimiento normativo, como un conjunto de políticas que ayudan a las empresas, organizaciones y asociaciones a prevenir que caigan en la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
