La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la propuesta de imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas, como lo proponen congresistas republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es un acto discriminatorio y, además, viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y EU –que está vigente desde 1994–, afectando a los que menos tienen y a nuestros paisanos que viven en EU.
“No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio; y, segundo, viola un Tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones, junto con distintas organizaciones de connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos que se llaman “mexicanoamericanos”, “mexicanoestadounidenses”, que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto”, anunció en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
Además expuso que una comisión del Senado de la República, conformada por todos los partidos políticos, hablará con congresistas de los Estados Unidos para dialogar sobre esta medida. También hizo un llamado a los paisanos en territorio estadounidense a enviar cartas a sus congresistas para exponer que este impuesto es discriminatorio y va en contra de un tratado entre ambos países.
Recordó que esta medida no solo es para México, sino que es para todas las remesas que se envían a cualquier lugar del mundo, como es el caso de la India, que es el país que más recibe remesas.
Ante esto, destacó que quienes viven en Estados Unidos continuarán enviando las mismas remesas, pero ahora con un 5 por ciento más, por lo que se reduciría el consumo que hacen los migrantes allá, afectando a quienes menos tienen.
El secretario de Hacienda y Crédito Pública, Édgar Amador Zamora, detalló que las remesas para el 2024 cerraron en 64 mil 700 millones de dólares, equivalentes, más o menos al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de las que el 99.1% se recibieron a través de transferencias electrónicas, es decir, es un mecanismo regulado, legal y transparente.
Aunado a que los mexicanos en EU pagan tasas de entre el 10 y 37%, en términos del Internal Renueve Service (IRS), es decir, sus ingresos ya pagaron impuestos e implicaría ponerle un tributo adicional y, con ello, se viola el artículo número 25 del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y EU, que establece que: “Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro estado que se encuentren en las mismas condiciones”.
Con ello, dijo, se incumpliría el tratado e iría en contra de las prácticas internacionales, incluso, es probable que, de las propias normas internas de EU, por lo que sería una medida impugnable y podría declararse nula.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, explicó que el gobierno de México dará la mejor defensa, en términos políticos y legales, para evitar esta medida y, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una misiva firmada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y por el jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, a los congresistas que forman parte del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, en la que se exponen las razones por las que no deberían de aplicarse tarifas a las remesas, ya que solo el 18 por ciento de los ingresos que generan las paisanas y los paisanos es enviado, el resto se quede en Estados Unidos.
El jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, destacó que la iniciativa impacta varias esferas del derecho internacional que los dos países han convenido a través del Convenio suscrito para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, vigente desde 1994. Además de que afectaría no solo a las personas indocumentadas, sino a cualquier persona que no sea estadounidense, que esté en los Estados Unidos y que haga uso de estos servicios haciendo una diferencia discriminatoria.
