En rueda de prensa, Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), expresó su preocupación ante la falta de respuesta por parte de los paristas a la propuesta institucional entregada el martes 18 de octubre, que posibilitaría destrabar el diálogo y el posterior trabajo sobre el pliego petitorio.
En la propuesta se establecieron tiempos y compromisos para que los paristas entregaran al Programa Universitario de Derechos Humanos, las pruebas o indicios en que se basaron para señalar públicamente, desde el 7 de octubre, a cuatro funcionarios universitarios, cuya destitución exigen como “voto de confianza” a fin de iniciar las mesas de trabajo para atender las demandas de violencia de género.
“En estos cuatro casos no se trata de violencia de género. Son principalmente faltas administrativas; y algunas de ellas incluso han sido ya abordadas, juzgadas y resueltas. Y en algunos casos ni siquiera fueron procedentes en su momento”, dijo la rectora.
En este entendido, García Gasca afirmó que tras la reunión del pasado lunes 17 de octubre con los estudiantes en la Facultad de Medicina, se envió la propuesta de iniciar un periodo de investigación que correría a partir de este miércoles 19 y hasta el domingo 23 de octubre, proceso que estaría vigilado por una comisión integrada por una persona ajena a la universidad, en este caso la activista Carmen Consolación González Loyola y dos consejeros universitarios, para que a más tardar la siguiente semana hubiera resultados que presentarles a los estudiantes.
En cuanto se documentara la queja, los cuatro funcionarios firmarían su solicitud de licencia voluntaria para desahogar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentado ningún elemento para iniciar dicho el proceso.
“Si no recibimos ninguna evidencia, no podemos proceder; ¿cómo podemos sancionar a alguien sin evidencias ni pruebas?”, añadió la rectora, quien estuvo acompañada por Bernardo Romero Vázquez, titular del Programa Universitario de Derechos Humanos.
Expresó que de continuar cerradas las instalaciones universitarias y detenidas las actividades administrativas y académicas, alumnos de posgrado podrían poner en riesgo sus becas federales y la propia UAQ estaría obligada, incluso, a regresar recursos que no han podido ser ejercidos debido a la toma de instalaciones.
Ante este panorama, la rectora invitó a los miembros del movimiento Facultades Unidas UAQ, a trabajar de manera conjunta en las legítimas demandas de atención a la violencia de género, que es muy relevante para la universidad.
“Es tan importante este tema, que hemos dado espacio y tiempo. Hemos sido muy respetuosas y respetuosos con las y los estudiantes en todos los sentidos; hemos cumplido los acuerdos. Y me parece que mantener a la Universidad paralizada ya en este momento está afectando a mucha más gente, más allá de la propia institución. Tenemos muchos estudiantes que, ellos mismos lo manifiestan, quiere volver a clases”, indicó.
Aseguró que también es importante trabajar sobre el pliego petitorio, que no ha sido entregado aún de manera oficial, aunque la UAQ ya ha comenzado a trabajar en algunos de los puntos de este documento difundido en redes sociales, y salvo algunos detalles, están en condiciones de seguir adelante en ese asunto, pues saben que se puede seguir adelante, trabajando conjuntamente, sin mantener cerrada la universidad.
En lo referente a la actuación del Programa Universitario de Derechos Humanos, Romero Vázquez expresó que sigue abierta la invitación para que quienes se sientan o hayan sido afectados por los funcionarios señalados hagan llegar a esta instancia sus quejas, las cuales a pesar de que no pueden ser anónimas, sí se puede solicitar la reserva de su información. Hasta este momento, dijo, existen 13 casos abiertos al respecto.
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