La Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizó la investigación “Accesibilidad a la Administración de Justicia de los Pueblos Indígenas Originarios”, en la que se lograron identificar cuatro obstáculos principales: económicos, políticos, simbólicos y técnicos, mediante la aplicación de 398 encuestas a los pobladores de Santiago Mexquititlán, cómo explicó el investigador del proyecto, Leonardo Senén Cabello Álvarez.
Según datos del International Work Group for Indigenous Affairs, en 2020 había una población originaria de 16 millones 933 mil 283 habitantes, que representa el 15.1 por ciento de la población total del país. Este dato, junto con la adhesión de México a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, subraya la importancia de reducir y, eventualmente, eliminar las problemáticas relacionadas.
Uno de los hallazgos de este estudio es que muchas personas no tienen pleno conocimiento de sus derechos ni de la posibilidad de reclamarlos. En este contexto, el proyecto aspira a tener un impacto significativo en la creación de condiciones y procedimientos legales que protejan y representen adecuadamente a la ciudadanía.
Los principales factores que enfrentan los pobladores de Santiago Mexquititlán en la administración de la justicia incluyen las condiciones socioeconómicas prevalecientes en la comunidad, el alto índice de analfabetismo y las dificultades para acceder a los servicios educativos. Estos factores pueden obstaculizar el acceso a la justicia, como destacó el docente titular del proyecto, Leonardo Cabello Senén Cabello Álvarez.
La investigación forma parte de los esfuerzos de la UAQ, a través del Fondo para el Desarrollo del Conocimiento (Fondec) y la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado (SIIP), para consolidar una cultura jurídica más eficiente y un Estado de Derecho más efectivo para todas las personas, reconociendo la pluriculturalidad del país.
