El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la administración tiene voluntad democrática a favor de los derechos humanos, en especial a la información, y por ello se trabaja en una estrategia legislativa que fortalezca el trabajo de los periodistas.
Adelantó que en colaboración con diferentes organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, se busca garantizar mejores condiciones de trabajo a los periodistas, así como robustecer el periodismo de investigación.
El compromiso del gobierno de México es atender las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para elaborar una propuesta conjunta, recalcó.
El vocero abundó que ese esfuerzo comprenderá reformas legales, recomendación al presupuesto del próximo año, pero “el marco de la propuesta será en los términos que se acuerde con los organismos internacionales”.
Sobre los nueve periodistas asesinados en la presente administración, subrayó que se ha dado seguimiento a los casos y se tienen procesos penales “contra los responsables de la mitad de los crímenes”.
“Un número distinto a lo que se venía viviendo en administraciones pasadas conde la impunidad era altísima”, añadió.
Además, se ha mejorado el mecanismo de protección a periodistas, mediante el cual se ha brindado apoyo a 230 comunicadores y se busca ampliarlo a sus familiares.
Ramírez Cuevas reconoció que México es una de las naciones donde la labor periodística es de alto riesgo, “y es una realidad que queremos cambiar”. Es decir, se busca terminar con la impunidad, con las agresiones a periodistas, con el maltrato que existe a su tarea.
Tras comentar que en los últimos 10 años, 60 por ciento las agresiones contra los periodistas fueron de agentes públicos, sostuvo que se deben “tomar cartas en el asunto” en cuanto a sujeción y castigo a funcionarios que atenten, agredan o amenacen a periodistas.
Además, enfatizó, esas acciones deben de legislarse como un delito grave, por ser un atentado contra la democracia, y “para frenar la impunidad contra periodistas”.
El funcionario señaló lo anterior en el marco del anuncio del seminario “Fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad de los crímenes y los ataques contra periodistas en América Latina”, que se llevará a cabo el 7 noviembre próximo.
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