En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se llevó a cabo la conferencia “Cambios en el modelo de propaganda gubernamental”, a cargo de Luis Octavio Vado Grajales, profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La consejera presidenta del instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que la exposición contribuye al conocimiento y la formación del funcionariado, así como al cumplimiento de las nuevas disposiciones en la materia.
Por su parte, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra y moderador del evento, destacó la importancia de abrir espacios para el análisis y la difusión de temas relevantes en el ámbito electoral, como las reformas a la legislación, con la participación de especialistas.
En su ponencia, el conferencista detalló el contenido de la nueva Ley General de Comunicación Social que debe ser observada por los entes públicos, como los poderes de la federación y las entidades federativas, municipios, órganos autónomos y cualquier institución de carácter público; además de los medios de comunicación.
Explicó que los cambios al modelo tienen impacto no solo en el tema electoral, sino en aspectos administrativos, jurídicos, de comunicación social, entre otros; además, de sus implicaciones al ejercicio de la libertad de expresión por diversos medios.
Vado Grajales recordó que en este tipo de propaganda existen principios constitucionales que deben protegerse, como la equidad, la imparcialidad y el voto libre; asimismo, existen restricciones temporales y al contenido, por ejemplo, que las campañas no deben incluir promoción personalizada, mensajes discriminatorios o sexistas, entre otros.
Explicó que la propaganda gubernamental es aquella en la que se emplean recursos públicos para dar a conocer lo relativo a los entes obligados; sin embargo, esta debe suspenderse desde el inicio de las campañas electorales hasta después de la jornada comicial, con excepción de la información de salud, educación, protección civil u orientación social en casos de emergencia.
De igual manera, puntualizó que conforme a la nueva legislación se puede difundir información relativa a: ejecución de obras, prestación de servicios, desarrollo de programas, aspectos relevantes de políticas públicas o de rendición de cuentas, derechos humanos, acceso a la información; protección de la salud y alimentación, respeto a la integridad, protección a grupos vulnerables, igualdad de género, educación y valores, educación cívica y participación, igualdad y no discriminación, entre otros. Además, se establecen los montos máximos que pueden aprobarse para financiar esta propaganda.
Finalmente, consideró que se deberán analizar las resoluciones e interpretaciones que hagan los tribunales respecto de la ley.
