Las recientes declaraciones del gobernador Mauricio Kuri evidencian la urgencia de revisar a fondo la situación del agua en Querétaro, así lo afirmó el diputado Ulises Gómez de la Rosa, quien subrayó que este es el momento ideal para abrir el debate sobre la gestión, concesión y uso del agua, especialmente ante la opacidad con la que históricamente han operado la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y los Ayuntamientos en la entrega de concesiones.
Recordó que hace apenas unos días, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó públicamente a la Conagua a revisar las concesiones otorgadas a políticos del pasado que se han apropiado de recursos hídricos de forma irregular, muchas veces en zonas de escasez. La mandataria también anunció que estos casos serán ventilados en próximas conferencias para que el pueblo conozca quién se ha beneficiado del agua como negocio privado.
En este contexto, Gómez de la Rosa insistió en la necesidad de que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de ley que presentó desde el año pasado para crear una Comisión Especial que investigue y regule a los concesionarios del agua. “Caminar con la presidencia de la República en este esfuerzo no es una cuestión partidista, es una responsabilidad pública. Querétaro debe sumarse con transparencia, voluntad y apego a la ley a un tema que afecta la vida diaria de miles de familias”, enfatizó.
Detalló que ya se han solicitado formalmente a los municipios y a la CEA los expedientes completos de las concesiones, incluyendo datos sobre los beneficiarios, las condiciones técnicas, tarifas, infraestructura, y localización de sus operaciones. Solo el municipio de Cadereyta ha respondido hasta ahora. “Especialmente en los municipios metropolitanos y en San Juan del Río, nos enfrentamos a una preocupante resistencia. Es evidente la falta de colaboración por parte de varios presidentes municipales, lo que no solo entorpece el trabajo legislativo, sino que refuerza la sospecha de manejos indebidos”, advirtió.
El diputado también se refirió al llamado “Plan de Seguridad Hídrica”, anunciado por la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro, el cual contempla medidas como la colocación de ahorradores de agua en dependencias públicas y escuelas, reforestación simbólica y la captación de lluvia en ciertos planteles. Si bien reconoció que toda acción a favor del ahorro es valiosa, cuestionó la desconexión entre este discurso y la negativa del gobierno municipal a transparentar las concesiones de agua. “Resulta contradictorio promover campañas de ahorro mientras se encubre a quienes han hecho del agua un negocio privado. La verdadera responsabilidad ambiental comienza con rendición de cuentas y acceso a la información”, subrayó.
Además, señaló que no basta con plantar árboles o promover normas ecológicas si no se enfrenta de raíz el problema de fondo: “la privatización encubierta del agua. En delegaciones como Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores, donde las acciones anunciadas apuntan a la conservación de suelos y recarga de acuíferos, los habitantes siguen padeciendo cortes, desabasto y tarifas elevadas”.
Gómez de la Rosa también advirtió que antes de aprobar megaproyectos como El Batán –que implican inversión pública– es indispensable saber con claridad quiénes serán los beneficiarios. “No podemos permitir que recursos del pueblo acaben fortaleciendo a concesionarios privados sin mecanismos de control, sin regulación efectiva y sin garantizar el abasto para las comunidades más vulnerables”, expresó.
Finalmente, anunció que se enviará un informe detallado a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los avances y los obstáculos encontrados por parte de gobiernos locales. “Si es necesario, llevaremos esta información hasta la conferencia mañanera. La transparencia no es opcional, y en Querétaro el agua debe dejar de ser una mercancía al servicio de unos cuantos”, concluyó
