El senador por Querétaro, Juan José Jiménez Yáñez, celebró el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a las medidas de represión que se han tomado en el estado con el pretexto de minimizar los riesgos de contagio por Covid-19.
La CNDH señaló que ante dicha situación intercederá interponiendo una acción de inconstitucionalidad, toda vez que considera que se vulneran los derechos fundamentales con las reformas aprobadas en el Congreso estatal.
Ante este tema, Juan José Jiménez presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhorta al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a que vete las reformas aprobadas en la Legislatura de Querétaro y no sean publicadas en el periódico La Sombra de Arteaga, pues carecen de técnica legislativa y, sobre todo, no existe una ponderación de valor ante el aumento desmedido de penas, es decir, no existe una motivación fundada.
También exhortó a la CNDH y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) para que emita las recomendaciones necesarias y no permitir la violación de derechos humanos con las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo y el Legislativo estatal, como lo concluido en el análisis de este organismo, en donde determinó que se pueden vulnerar diversos derechos y libertades de las personas, como los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal.
El exhorto contiene además un extrañamiento, en el que se puntualiza sobre la criminalización de la sociedad y cómo se violentan “de forma desproporcionada el derecho al libre tránsito, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de reunión, así como su derecho al trabajo, misma que ha generado inquietud e inseguridad entre los habitantes del estado de Querétaro”.
Precisó el legislador que “el Congreso de Querétaro -mayoría panista- realizó reformas legislativas al vapor, que rebasan a los artículos 1, 4, 5, 11, 14, 16 y 29 constitucionales, entre otros, que refieren el libre tránsito y el derecho de no ser molestados por la autoridad sin haber cometido falta alguna a leyes y reglamentos”.
Juan José Jiménez comentó que estas reformas impactaron en delitos como: de riesgo de contagio, quebrantamiento al aislamiento obligatorio, discriminación, omisión de auxilio, extorsión, incitación o apología de conductas delictivas.
De igual forma, en los delitos de rehusar la prestación de un servicio obligatorio y desobediencia de mandato legítimo de autoridad, de omisión de declarar, de obstrucción de funciones públicas, de oposición a obra o trabajos públicos y hasta se pena por quebrantar la prohibición de residir en cierta circunscripción territorial. “Años y condicionantes para tipificar el feminicidio, y esto lo hicieron en un tiempo récord”, destacó el legislador.
Finalmente, consideró que solo falta una recomendación y el ejercicio de acciones por parte de la DDHQ, “instancia que hasta el momento ha sido omisa de alguna acción al respecto, y de quien su titular ha desaparecido en los últimos días”.
