Este fin de semana autoridades de Acapulco, Guerrero, que no se sabe qué autoridad tengan, con el propósito de recuperar las instalaciones de la Presidencia Municipal, tomadas desde hace varios meses, firmaron un acuerdo con los Cetecos y otros, ¡Imposible de cumplir! y esos lo saben las partes.
¿En qué país vivimos? Vea usted. Dijo el líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, que acordaron con distintas autoridades la entrega del inmueble propiedad del Ayuntamiento, bajo la firma de varios acuerdos. Aquí algunos de ellos.
Lo inconcebible, incongruente, material y jurídicamente imposible de cumplir, suscribieron una minuta con diversos compromisos que alcanzan 15 obligaciones en la que autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal se comprometieron a cumplir varias obligaciones con integrantes de organizaciones sociales, ejidales transportistas, de jóvenes agrupadas en la CETEG, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
El colmo de lo inaudito es que ambas partes se comprometan a cumplir lo que saben no será posible. Y es que, el primer acuerdo se traduce en la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos ¿A quién se le habrá ocurrido semejante irracionalidad? Otro de los acuerdos –según trascendió- consiste en la presentación con vida de los desaparecidos desde 1987 a la fecha.
¿En qué pensaban cuando suscribieron esta otra obligación? ambas partes saben que no se cumplirá esta obligación, luego entonces pareciera que se trata de un perverso juego político: que las autoridades reconozcan la existencia de los desaparecidos sin que haya pruebas. Ahora que, si hubiese –que no la hay- racionalidad, la minuta deberá ser adicionada con nombres, fechas, número de averiguación, pruebas suficientes para rastrear a los desaparecidos. Otro aberrante acuerdo fue la de hacer justicia por todos los asesinatos del 2000 al 2015, por esa guerra absurda en contra del narcotráfico. Esta es otra obligación tan imprecisa y vaga que nadie sabe de qué están hablando ¿Quiénes, cuando, dónde, por qué?
La autoridad debió desalojar a todos aquellos que había cometido el delito de despojo y remitirlos al Ministerio Público y no comprometerse a lo absurdo. Simplemente hacer cumplir el estado de derecho y no obligarse a lo imposible, situación jurídica que reza en aquel principio que dice: Nadie está obligado a lo imposible.
Además los delincuentes también condicionaron a la autoridad para que sea creada una comisión de la verdad, para el esclarecimiento del homicidio del sexagenario profesor y jubilado Claudio Castillo Peña. Lo más grotesco, el desistimiento de la acción penal y civil del gobierno –las tres esferas- en favor de todas las organizaciones ¡Definitivamente algo anda mal!
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