El presidente filipino Rodrigo Duterte cumplió su advertencia de desconocer a la Corte Penal Internacional (CPI) y retiró a su país del Estatuto de Roma, el tratado que creó dicho órgano judicial.
El retiro coincide con las celebraciones por el 20 aniversario de la Conferencia de Naciones Unidas en que 160 países deliberaron en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998 y crearon el Estatuto de Roma.
En su declaración difundida este miércoles, el mandatario se quejó de un esfuerzo concertado de funcionarios de Naciones Unidas y de la CPI para presentarlo como un violador de los derechos humanos sin compasión ni corazón.
Acusó que los funcionarios internacionales encargados de supervisar la salvaguarda de los derechos humanos, se han coordinado para llevarlo a la jurisdicción de la CPI.
Esos actos son en violación del debido proceso y la presunción constitucional de inocencia, dijo el mandatario citado en la versión electrónica del diario Inquirer.
Añadió que si bien Filipinas firmó el Tratado de Roma el 23 de agosto de 2011, este documento carece de validez pues nunca fue publicado en la Gaceta Oficial o en un diario filipino de circulacion general.
Además, estableció que una ley internacional no puede suplantar, prevalecer o dsminuir a una ley doméstica.
La decisión de Duterte sigue a la apertura el pasado ocho de febrero de un examen preliminar de expedientes de presuntos crímenes cometidos en Filipinas y Venezuela que pudieran ser de la competencia de la CPI.
El examen sobre el archipiélago asiático comprende desde el uno de julio de 2016 en el marco de la guerra contra las drogas que inició Duterte desde el momento mismo en que inició su gestión el 30 de junio de 2016.
De acuerdo al aviso de inicio de ese examen preliminar, se habrían asesinado a miles de personas por su presunto involucramiento en el consumo o tráfico ilegal de drogas.
Aunque muchos de esos asesinatos pudieron haber ocurrido por conflictos entre pandillas o dentro de ellas mismas, otros muchos pudieron tratarse de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el curso de operaciones policiales antidrogas.
Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI, aclaró que un examen preliinar no es una investigación, sino el mero examen de la información disponible para determinar si hay fundamento razonable para proceder a una investigación en forma.
El 10 de febrero, dos días después de que se anunciara el inicio del examen, Duterte dijo que si fuera encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, le gustaría morir ante el escuadrón de fusilamiento más que ir a prisión.
Como presidente, añadió, prometí preservar a la República de Filipinas y proteger al pueblo, y si ordenar el asesinato de criminales estuviera equivocado, estoy listo para enfrentar la muerte.
En su declaración de este miércoles, el mandatario filipino dijo que los hechos cometidos en su gestión no son genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, sino resultado de operaciones policiales legítimas.
Las muertes ocurrieron cuando los oficiales de policia estaban actuando en defensa propia ante la resistencia violenta, lo que es una circunstancia justificatoria bajo las leyes filipinas, subrayó.
Apenas el pasado nueve de este marzo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo que Duterte necesitaba una evaluación psiquiátrica.
Fue la respuesta del Alto Comisionado a las amenazas del mandatario contra Agnes Callamard, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, quien dijo que en Filipinas si ha habido ejecuciones extrajudiciales.
Desde el 30 de junio de 2016, la guerra contra la droga del presidente filipino ha dejado unas siete mil muertes, según cálculos de organizaciones no gubernamentales.
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