Siendo presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera declaró ante la prensa, como parte de su campaña política, que los funcionarios de primer nivel no serían ‘liquidados’ laboralmente; seguramente pensó que ganaría la elección.
Perdió y no regresó a cumplir su compromiso político como presidente municipal. En su lugar quedó el regidor Luis Cevallos Pérez, hombre probo, quien por cuestiones de salud tuvo que dejar el cargo; de tal suerte que volvieron a elegir a un tercer alcalde en la persona de Rafael Rodríguez Tolentino, otro serio y prestigiado empresario queretano.
A Rodríguez Tolentino, simplemente, le tocó devolver la administración municipal al PAN, con el equipo de entrega previamente seleccionado –no por Rodríguez- a la comisión de recepción nombrada por presidente electo Marcos Aguilar Vega. Por la enfermedad de Luis Cevallos, escasa participación política se le vio, pocas declaraciones; bien sabía que sólo le quedaban unos cuantos días y no pudo gobernar, así que no resolvió nada importante. Mucho menos con personal y secretarios impuestos de antemano. Dejó el cargo para atender su salud.
Al tercer presidente municipal, Rafael Rodríguez, gente seria y de buena fe, más empresario que político, se le ocurrió dar algunas declaraciones a ‘botepronto’ que lo metieron en conflicto ‘político’ con el presidente municipal electo. Aquel dijo que se compró una camioneta blindada a petición de Marcos Aguilar; éste, de inmediato, reviró y amenazó con iniciar procedimientos en contra de Rodríguez Tolentino.
Rafael Rodríguez, al tener información precisa de lo declarado, tuvo que corregir la plana y decir que, efectivamente, no fue Marcos quien solicitó la camioneta, que se adquirió para actividades institucionales.
Para agudizar el asunto de los diferendos, sin competencia jurídica alguna, el coordinador de la Comisión de Recepción, pagando sendo desplegado en periódicos, amenazó a Rodríguez, con iniciarle procesos de toda índole, exigiéndole que cumpla la palabra de Loyola para que no liquide ni secretarios ni directores, mucho menos coordinadores; y aquello de los 200 cambios de uso de suelo. Un tercero en discordia que paga desplegados. Será interesante saber de dónde sacó los recursos para cubrir gastos de los desplegados que no cuestan 20 pesos.
Bien. Otra de Rafael. Aseguró que los secretarios y demás sí serían liquidados legalmente y había varios millones de pesos para ello. Lo que no le pareció a al coordinador -Marcos Aguilar- y recordó el compromiso de Loyola, quien en tiempos de precampaña aseguró que no serían liquidados- ¿Quién tiene la razón en este caso?
En primer lugar, quien hoy gobierna colegiadamente es Rafael Rodríguez Tolentino y es responsabilidad de él y actuales servidores públicos -hasta el 30 de septiembre- la administración municipal. Marcos Aguilar, con los regidores y personal administrativo, empezará su responsabilidad a partir del 1° de octubre, no antes. De tal manera que todo lo que hasta entonces hagan es competencia de quien gobierna.
El problema de las no liquidaciones fue compromiso de Roberto Loyola, quien abandonó el gobierno municipal hace varios meses y no se quedó para cumplir lo que prometió. Segundo. Los Secretarios y demás tienen derecho a la liquidación, salvo que renuncien a ella y todo indica que no quieren hacerlo, a pesar de que más de alguno no tiene necesidad de dinero. Todo parece indicar que los Secretarios no quieren honrar la palabra de su expatrón. Así es la política. Por eso Rodríguez ha comentado sobre el monto de las liquidaciones, lo que no le ha parecido a Marcos Aguilar, Presidente Electo; pero aun no empieza su gobierno y no le corresponde decidir, salvo opinar.
Que Rodríguez autorizó 200 cambios de uso de suelo, dijo Marcos Aguilar. El Presidente Municipal lo desmintió y en sesión de cabildo el regidor José Luis Aguilera, dio a conocer cantidades de cambios de uso de suelo de administraciones municipales, concluyendo que la actual es la que menos autorizó, por tanto que los 200 cambios de usos de suelo es información falsa.
Al final del día no logro entender las razones jurídicas ni políticas de los “escarceos”. Total, si llegase a existir responsabilidades de cualquier naturaleza, ya habrá tiempo para que inicien los procedimientos con las pruebas. Y si no hay nada, ¿Para qué conflictuarse innecesariamente? No olviden que hasta el 30 de septiembre termina la responsabilidad constitucional y legal de los que ya se va y no es hasta el 1° de octubre que dará inicio el periodo constitucional de la nueva administración. Cada quien en su momento, cada quien con sus responsabilidades. Y si llegan a demostrarse abusos ¡Que se castigue a quienes los cometieron!. Así de simple es la regla legal y cortesía política. ¡Tranquilos!
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