La diputada Adriana Dávila Fernández afirmó que el caso del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, exhibe el ineficiente combate a la trata de personas, el tráfico de menores y la explotación sexual infantil y de mujeres en México.
En entrevista, la legisladora federal señaló que el hecho de que haya sido en California y no en México donde se investiguen los presuntos ilícitos del líder religioso pone en evidencia que las autoridades mexicanas no tienen interés en combatir esos delitos cometidos contra mujeres y niños.
Como ejemplo, recordó que el único operativo que se ha dado contra las bandas de explotación y tratantes de blancas en el país se dio a finales de 2015 en Tenancingo, Tlaxcala, a petición del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Ahí, manifestó, se detuvo a cinco integrantes de “Los Rendones”, ligados a la explotación sexual de mujeres y niñas mexicanas en diversas ciudades de Estados Unidos.
“Es grave que en Guadalajara, que en otros estados, que a nivel nacional, nadie haya sabido nada de este tipo de delitos que cometía este líder religioso. Que en su momento la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General; la Secretaría de Gobernación, a través del área de organizaciones religiosas, o el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se hayan enterado de estos abusos en México”.
La legisladora federal por Tlaxcala consideró que el caso de Naasón Joaquín García no es aislado, porque en los últimos años se han documentado varios en los que religiosos han abusado sexual o laboralmente de menores de edad.
Dávila Fernández se refirió al caso de los albergues “Casitas del Sur”, que había en distintos estados de la República: Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz y Estado de México, y donde se denunció la desaparición y maltratos contra niñas y niños.
La integrante de la Comisión de Gobernación y Población citó también el caso de Mamá Rosa, encargada del albergue “La Gran Familia”, del que algunas denuncias señalan que se obligaba a los niños a pedir dinero o a dormir en el suelo, y les prohibían salir de las instalaciones, además de someterlos a abusos sexuales.
“Creo que es momento de que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República investiguen en México si existen o no denuncias contra Naasón Joaquín García en este sexenio o en anteriores, y si no es así emprender acciones para ver si hay más personas en México involucradas con esta red de abusos a mujeres y niños”.
La diputada panista agregó que la Secretaría de Gobernación debe también vigilar a las organizaciones religiosas, a sus líderes, los recursos que reciben, pero sobre todo su comportamiento, investigar cualquier indicio, denuncia de abusos a menores, a mujeres, para que no se repitan más casos.
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