México forma parte de los 44 países que suscribieron el Convenio de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificado en el año de 2007. La ida de representantes del gobierno Estado mexicano no fue para juzgar a México, como creyeron los ayotzinapos.
Los días 2 y 3 de febrero, el gobierno mexicano sustentó -en Ginebra, Suiza- por medio de autoridades acreditadas en ese lugar el primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, habiendo dado cuenta de los avances y retos que registra nuestro país en esa materia, mediante el intercambio técnico y documental con los expertos del Comité.
México aportó información sobre la armonización del marco jurídico en todo el país, la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, la puesta en práctica de los protocolos de búsqueda, el fortalecimiento de los servicios forenses, la atención integral de las víctimas y las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.
México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención. También que: “las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejaban adecuadamente la información presentada por México ni aportaron elementos adicionales para reforzar las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos.
Pero el Comité afirmó no haber encontrado ninguna condena ni sentencia; que hay obstáculos para la investigación de este delito, ya sea por lentitud, tardanza de las autoridades o porque los casos son clasificados bajo otros delitos menos graves. Y propuso redoblar los esfuerzos para agilizar las investigaciones, aun sin denuncia. Indagar a todos los agentes u órganos involucrados sin que éstos se conviertan en investigadores. Crear una fiscalía de investigación de desaparición forzada adscrita a la PGR.
También proteger a los denunciantes, blindarlos contra amenazas y sancionar a quien lo haga. A los desaparecidos, encontrarlos y liberarlos; en caso de hallarlos muertos, identificar sus restos pese a haber detectado dificultades prácticas en las áreas de búsqueda e identificación, mismas que pide resolver. Quedaron preocupados ante la falta de cifras que indiquen cuántas personas extraviadas o desparecidas hay. Sin ese dato no es posible evaluar la magnitud del problema ni implementar políticas públicas para su combate. Recomendaron enriquecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con los datos de la víctima como sexo, edad, nacionalidad, lugar y fecha de los hechos, así como otros que permitan diferenciar si son desaparición forzada.
Finalmente estamos de acuerdo en la gravedad del problema de las desapariciones forzadas en México, así como en las recomendaciones del Comité para que las autoridades mexicanas se esmeren en combatir, perseguir y castigar este gravísimo delito. El asunto de los ayotzinapos es un claro ejemplo de la desaparición forzada, jamás un Crimen de Estado, como equivocadamente lo difundieron los detractores. Urge pues iniciar con las recomendaciones.
