Un abrumador 86 por ciento de los residentes del Distrito de Columbia votó a favor de convertirlo en el estado número 51 de la Unión Americana, pero enfrentan la oposición de un Congreso que continuará en manos de los republicanos por los próximos dos años.
El referendo aprobatorio, el primero de su tipo en más de dos décadas, carece de carácter vinculante toda vez que se limita a pedir al Consejo de la ciudad hacer la petición al Congreso para que celebre un voto sobre la estadidad, a fin de convertirla en el “Estado de Washington DC”.
“Las cosas no lucen bien”, reconoció el exalcalde demócrata de la ciudad, Vincent Gray. “Pero creo que debemos seguir luchando y manteniendo la esperanza”, agregó.
Un total de 227 mil 562 residentes votaron por la estadidad, equivalente al 86 por ciento, frente a 37 mil 558 que sufragaron en contra.
La boleta del referendo preguntó a los capitalinos si deseaban que el Distrito de Columbia se convirtiera en un estado, con su propia Constitución, con límites geográficos y con una forma representativa de gobierno.
Para evitar problemas como sede de los poderes de la federación, se preservó un “distrito federal” que comprende la zona donde se asienta la Casa Blanca, el Congreso y la Suprema Corte.
Desde la concepción de la ciudad en 1790, los washingtonianos carecen de voto en el Congreso estadunidense y sólo pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Aunque tienen representación con voz, carecen de la fuerza del voto en ambas cámaras legislativas.
La Constitución de Estados Unidos otorga en su Artículo 1, Sección 8, cláusula 17 un poder absoluto al Congreso sobre los asuntos del Distrito de Columbia, por ser sede de los poderes federales: la Casa Blanca, el Capitolio y la Suprema Corte de Justicia.
Los residentes del Distrito de Columbia no sólo no pueden decidir el destino de las contribuciones fiscales de sus residentes al gobierno federal, sino tampoco el destino de los ingresos propios, toda vez que corresponde a una decisión del legislativo federal.
Más de mil millones de dólares anuales son entregados por los capitalinos al Departamento del Tesoro, una cifra mayor a la de 11 estados del país.
Pero su presupuesto debe ser aprobado por el legislativo estadunidense, por lo cual la ciudad es tratada económicamente como si fuera cualquier agencia federal, como la NASA o el Departamento de Veteranos de Guerra.
En abril pasado, la alcaldesa de Washington DC, la demócrata Muriel Bowser, decidió por primera vez en la historia de la ciudad pedir autorización del Congreso federal para decidir el destino de sus ingresos por 13 mil millones de dólares para el año fiscal 2017.
La acción de Bowser fue vista como una “declaración de independencia” del Congreso, toda vez que la alcaldesa decidió empezar a gastar el dinero sin esperar a los legisladores, y como la primera salva en la nueva etapa en busca de la estatidad.
Pero con la retención de los republicanos del control del Senado y la Cámara de Representantes, que se oponen a la estadidad para el Distrito de Columbia, sus partidarios reconocen las dificultades de un voto sobre el tema en el Congreso federal.
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