Hace seis meses aproximadamente dimos a conocer la problemática legal en que se encuentra el servicio de transporte particular que ofrece desde entonces Uber, quien depende de una plataforma digital internacional, cuyos socios incluso sostuvieron “reunión social” con José Calzada Rovirosa, quien nada hizo.
Los problemas entre los choferes de Uber con los taxistas –concesionarios- que sí se sujetan al marco jurídico se han dado en Francia, España, Distrito Federal, por las mismas razones: competencia desleal entre competidores por dar el servicio a los pasajeros, sin permisos. Y en Querétaro pasó exactamente lo mismo, choferes de taxi detuvieron a choferes de Uber y los vehículos fueron a dar al “corralón”.
Se vinieron manifestaciones de los choferes de taxis en protesta por la descarada competencia desleal y fuera de la ley en la prestación del servicio; además por la inseguridad. Nadie atendió el problema, a grado tal que algunos diputados locales “olímpicamente” culparon al Poder Ejecutivo –Dirección del Transporte- por no atender el asunto; siendo que la solución estará en manos de ellos al momento en que reformen la Ley de Movilidad ¡La manifiesta ignorancia se hizo presente, por no atender la problemática!
Algunos choferes de taxi hace rato se organizaron con una pequeña plataforma digital para hacer frente a los nuevos retos de la tecnología. Dicen que les costó poco más de 200 mil pesos y de cada usuario el dueño de la plataforma les cobra 5 pesos por viaje. Sin embargo Uber es un monstruo que invadió 57 países y ciudades de México; después se sumó Cabify al problema, que viene siendo lo mismo, otra empresa no sujeta a la norma.
Pero, resulta que no existe norma legal aplicable a estos casos en concreto, de ahí que muchos pensaron que no estaban cometiendo ninguna ilegalidad. Por supuesto que sí es una ilegalidad, dado que el servicio de transporte público está a cargo del gobierno y este al no otorgarlo lo concesiona. A esta ilegal modalidad le han dado en llamar “servicio ejecutivo” ¿Servicio ejecutivo? Suena discriminatorio en si mismo. El nuevo concepto jurídico no existe, por ello la forma de diferenciarlo de taxis tradicionales ¿Servicio público privado?
El gobernador Francisco Domínguez, puso a trabajar a su equipo y el Secretario de Gobierno adelantó que en un par de semanas tendrán el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad, esa que no atendieron los diputados, con el fin de que puedan convivir ambos servicios de transporte público, el del taxi tradicional y el de los privados, quienes tienen al menos dos categorías en el servicio, Uber X o Uber Black, dos precios según el vehículo que los transporte, de lujo o compacto. Deberán tomar en consideración –incluso- tratados internacionales, dado que esas empresas tienen su matriz en el extranjero ¿A quién demandar en caso de un mal servicio o accidente en el que resulte dañado el cliente?
El mismo gobernador ofreció a los taxistas apoyarlos con una plataforma para que entren a la era digital en la prestación del servicio de transporte, sin embargo algunos se resisten dado que tendrán que adquirir teléfonos inteligentes y saber cómo operarlos. La voluntad es manifiesta del gobierno para este asunto. Han sido lentos, pero está empeñada la voluntad del gobernador en favor de los cientos de taxistas, mas no en pro de los concesionarios; este es otro asunto interesante al concentrar muchas concesiones en pocas manos.
Los artífices de la iniciativa de ley que ofreció el gobernador, deberán mezclar pros y contras de la nueva modalidad del servicio de transporte “ejecutivo” –que suena discriminatorio- y aperturar la competencia legal en igualdad de condiciones para todo aquel que desee participar; pagar los derechos e impuestos que correspondan. Deberán considerar a las empresas internacionales, nacionales y locales, al fin y al cabo son las que tendrán la posibilidad de poner al servicio de muchos las plataformas digitales, mismas que deberán ser revisadas, supervisadas y autorizadas el mismo gobierno. Sumado al apoyo que deberán dar en caso de delitos en los que se vean involucrados los choferes.
La tarea jurídica no es nada sencilla; tampoco la técnica es fácil; los expertos –que no los tienen- deberán tomar en cuenta nuevas modalidades acordes con las tecnologías digitales, amalgamar aspectos simples y tradicionales con la modernidad para zanjar el problema del vacío legal que hoy existe, atender eficientemente el conflicto de intereses y abrir nuevas oportunidades de trabajo para los emprendedores del ramo del transporte público ¿A quién darán las concesiones públicas, a las empresas o a los dueños de los vehículos? Creo que a los dos. Al final, la iniciativa de ley que crea, reforma o adiciona deberá quedar en manos de los diputados que se negaron a resolver el problema.
Lo importante, que el asunto ha sido atendido y pronto estaremos viendo una solución que no se ha dado en otros estados. Querétaro podría ser pionero en esta materia.
