Ahora le tocó al presidente municipal de Tequisquiapan hacer manifiesta su ignorancia sobre la Ley de Entrega Recepción, cuyo contenido precisa plazos para las aclaraciones de aquellas dudas, inquietudes o en definitiva abusos o corrupción que se haya detectado en el proceso de la entrega-recepción.
Raúl Orihuela, ex panista que llega por segunda ocasión a la presidencia municipal, dice que no sabe qué pasó con el destino de 6 millones de pesos producto de la venta de varios inmuebles, que servirían para el pago de deudas del municipio. Sin embargo, afirma el Presidente, las deudas siguieron vigentes.
De tal manera que la contraloría interna ya investiga el paradero de esos 6 millones de pesos, según su dicho. Por supuesto que la acción del Presidente Municipal debe ser considerada buena si actúa no solo de buena fe, también conforme al marco del derecho, en defensa de los intereses de la hacienda municipal.
El presidente municipal debe saber que la administración saliente, como la entrante designaron sus respectivas comisiones de entrega recepción. Que la documentación que recibieron y entregaron los que se fueron, deberá ser auditada para confirmar la veracidad de lo que se contiene en la entrega. Debe materializarse el contenido de la documentación; desde en número de sillas que entregan, así como el personal, salarios, cargos, dinero en caja o recursos financieros, deudas, obras en ejecución, etcétera.
Los nuevos responsables de áreas verificarán si es cierta la información, de lo contrario deberán dar vista a la contraloría interna para que cite al ex funcionario y este aclare las dudas o inconsistencias que encuentren; incluso que disipen las dudas derivaras de la probable ignorancia.
Si todo está en regla, se cierra la carpeta de investigación. De lo contrario, se tienen otros 15, que sumados a los primeros 15 que se contemplan en la Ley, se iniciará el procedimiento de responsabilidad que corresponda; vamos, también en aquellos casos en los que el ex funcionario no se presente a realizar las aclaraciones. Vencido el plazo de un mes, de no hacer nada el nuevo funcionario dejará en claro que consintió el acto y quedó conforme con la entrega. A esto se le llama certeza jurídica.
Pero resulta que el presidente Orihuela dice que el órgano de control interno está haciendo la investigación. Y la pregunta que salta ¿Cuál investigación si aún no concluye el plazo para las aclaraciones? Para el día 31 de octubre se estará venciendo el término que la ley concede al ex funcionario, siempre y cuando haya sido convocado por escrito y exista constancia de ello. Hasta entonces se podrán iniciar todas las investigaciones que sean necesarias para dar comienzo a los procedimientos administrativos que correspondan; o bien, dar vista al Ministerio Público si estiman, con las pruebas pertinentes, idóneas, que existe la presunción de haberse cometido hechos que podrían constituir algún delito.
Hasta ahora el Presidente, acorde con lo que ha expresado, ha expuesto su ignorancia de la Ley. Lo recomendable para las autoridades entrantes, es dejar en manos de los expertos en la materia estos asuntos y desvincularlos de cuestiones políticas, del ‘amarillismo’. Así de simple. Y por supuesto en su momento el regidor síndico deberá hacer su aparición en defensa de los derechos patrimoniales del municipio.
