Este lunes el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, informó que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, ordenó la suspensión de todo procedimiento de remoción derivado de la sentencia emitida por Celia Maya García, integrante de la Sala Constitucional.
En febrero próximo se cumplirán tres años de que fuera electo Miguel Nava Alvarado por los entonces legisladores de la LVI Legislatura del Estado. Desde entonces el titular de la Defensoría se ha visto en la necesidad de defender ese nombramiento por la vía constitucional, dados los juicios que Cesar Pérez Guzmán, promovió por violación a sus derechos humanos ante el Tribunal Superior de Justicia.
Celia Maya, quien preside esa Sala era militante perredista y ex candidata del PRD a la gubernatura del Estado; ahora pertenece a las filas de Morena. La Magistrada Celia Maya Garcí ya fue “destapada” por Andrés Manuel López Obrador como “candidata” de ese partido en las próximas elecciones. El comentario viene a colación porque, dicen los que saben, la Magistrada concedió el derecho a Cesar Pérez, por ser del mismo partido político. Eso dicen.
De tal suerte que, la sentencia emitida por la Magistrada ordenó la “reposición” del procedimiento -aunque nunca lo menciona- y le otorga la razón a Cesar Pérez al haber sido discriminado por cuestión de edad, ordenando a la Legislatura tomen en consideración tanto a Miguel Nava como a Cesar Pérez, para una nueva elección ¿Entonces? Sí es reposición de procedimiento y nulidad de aquel que practicaron en el 2012.
Una vez que fue notificada la actual Legislatura los diputados se vieron ante la “encrucijada” de qué hacer y cómo hacer la reposición sin ser reposición. Inventando un procedimiento administrativo volvieron a entrevistar a ambos interesados; uno por conservar el cargo y el otro en obtener el cargo de titular de Derechos Humanos. Lo curioso del asunto, que Miguel Nava siempre ha participado como titular de ese Organismo constitucional autónomo. Por lo tanto no ha logrado entenderse el “galimatías” jurídico.
Así las cosas Nava volvió a promover más juicios y denuncias por la serie de agravios que le han venido causando, incluso ha bordado la materia penal, pero nada ha prosperado hasta ahora. Ahora confirma que si bien no se ha resuelto en definitiva el fondo del asunto, vuelve a ordenar la autoridad jurisdiccional federal que suspendan todo procedimiento derivado de la sentencia de Celia Amaya, hasta en tanto el Colegiado del 22avo Circuito, resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sentencia y sus consecuencias.
El nuevo Presidente de la Mesa Directiva, Marco Antonio León, afirmó que ellos no son parte del asunto, que solo han obedecido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Criterio por supuesto equivocado, puesto que ellos han sido demandados y han tenido que ejecutar la incongruente sentencia de la Sala Constitucional, incluso estaban reponiendo el procedimiento. Ellos, los diputados en conjunto conforman el Poder Legislativo -la LVII Legislatura- y como Poder Legislativo el Pleno eligió a Miguel Nava Alvarado, por ello su responsabilidad debiera ser la de defender el acto administrativo de designación de ese funcionario público.
Nuevamente el litigante obtiene la razón jurídica ante la autoridad federal jurisdiccional. Por lo que ve a Cesar Pérez Guzmán, siempre he sostenido el criterio humanista que consiste en que, la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos, la parte correspondiente al límite de edad para poder aspirar al cargo es eminentemente discriminatoria por “desechar de plano” a los mayores de 60 años ¡Los legisladores ya debieron reformarla!
