Ningún grupo de la sociedad mexicana tiene el derecho de reclamar y exigir justicia cometiendo injusticias en agravio de terceros. El asunto de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, agudiza la descomposición social en el Estado de Guerrero y sus alrededores.
El pasado 26 de septiembre un numeroso grupo de estudiantes de esa Escuela Rural, arribaron al municipio de Iguala, Guerrero. Habían “robado” varias unidades de transporte -como acostumbran sin que nada les suceda- para conmemorar el 2 de octubre. Nunca imaginaron que la policía municipal de esa localidad sería la responsable de la detención y posterior desaparición de los estudiantes; involucrados con la delincuencia organizada.
Tampoco imaginaron que el Presidente Municipal, José Luis Abarca y su esposa, Ángeles Pineda de Abarca, formaban parte de esa delincuencia organizada quienes – presumen- eran los cabecillas no dispuestos a tolerar “desordenes” de otros grupos en su medio de control delictivo.
Hay quienes dicen que los estudiantes apoyan indirectamente a un grupo guerrillero del Estado de Guerrero, por eso la constante toma de casetas para obtener recursos y el robo de tiendas, así como el “robo” de unidades de transporte público, quema de camiones y demás desordenes que aterrorizan a la población de la zona; pero como son estudiantes de Escuela Normal y Rural, nada les pasa; también afirman que la idea era generarle problemas al grupo delincuencial opositor: “Los guerreros de Guerrero”. De ahí la virulenta respuesta del “secuestro de los estudiantes”.
Nada justifica el secuestro de una persona, mucho menos en tratándose de 43, sin importar si estos son o no estudiantes. La reacción nacional y mundial al suceso ha sido de rechazo absoluto. Sin embargo, grupos “extremistas” como la CENTE y otros “radicales”, han reaccionado como siempre, exigiendo justicia por medio de la extrema violencia y no han reparado en quemar oficinas gubernamentales, instalaciones del PRD, vehículos, cerrar casetas de cuota, etcétera y todo como justificación por la desaparición de 43 jóvenes; impunemente quebrantan el estado de derecho sin ninguna consecuencia, para ellos está permitida la devastación de propiedad ajena ¡Actitud delictiva injustificable!
Han promovido paros en escuelas y universidades, marchas multitudinarias, hasta ahí las cosas están bien. Todo con el propósito de que las autoridades “competentes” localicen a los 43 desaparecidos, “vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso”, exigen los familiares, compañeros y México en conjunto. Organismos de derechos humanos internacionales también exigen al Estado Mexicano la localización de los estudiantes.
La situación candente amenaza con expandirse a toda la zona de “tierra caliente”, el ex presidente municipal huido de la acción de la justicia, el gobernador de Guerrero sosteniéndose en el cargo con uñas y dientes, los partidos políticos ultra politizando el asunto, los grupos delincuenciales y guerrilleros disputándose el territorio, las fuerzas federales del ejército y seguridad pública, sustituyendo a las policías locales; el caldo de cultivo presto para generar mayores complicaciones; por eso resulta extremadamente peligrosa y amenazante la estabilidad social y política que advierte una contaminación.
Nada justifica a la violencia para exigir justicia. Sanciones merecen tanto unos como otros. Complicada la situación del gobierno federal para dar solución al delicado problema cuando autoridades municipales y locales se encuentran coludidas con parte de esa población. Sin embargo, seguramente el gobierno federal pronto dará respuesta, al menos eso es lo que espera el pueblo de México.
