Se confrontan la ley y la ética política. Los legisladores aprovechando que crean las leyes, se otorgaron el derecho de no pedir licencia durante los procesos electorales si son candidatos a distinto cargo de elección popular. Y negaron el mismo derecho a otros participantes en la contienda.
Hace unos días Tonatiuh Salinas Muñoz, Presidente del PRI, con justa razón declaró que “renunciaran” al cargo los diputados que pretendieran participar en la próxima contienda político electoral. Por supuesto que nadie hizo eco a este buen deseo que apoya la mayoría de la población dado que se rompe el principio de la equidad.
Por el contrario, sin dar respuesta a Salinas Muñoz, el Presidente de la Mesa Directiva, Marco Antonio León Hernández, precisó y declaró que no era necesario que dejaran la diputación los legisladores locales que aspiraran a otro cargo de elección popular, ya que la ley les permite jugar en ambos escenarios.
Jesús Galván Méndez, otro diputado local, celebró que no tengan que pedir licencia y separarse del cargo de legisladores si desean participar como candidatos en este proceso electoral. Y agregó que no todos tienen “la misma posibilidad económica”, sin conocer el resultado de la contienda. Vamos, según su propia versión, deja en claro que usarán el dinero que ganan como legisladores para sufragar sus campañas. He aquí la inequidad y desigualdad.
Suena a “cinismo” celebrar que no sea obligatorio por ley, puesto que, es precisamente el legislador es quien crea, modifica o deroga la legislación, por lo tanto se trata de una norma jurídica a modo de quien legisla ¿Por qué no permitieron lo mismo en otros casos?
Ahora, si ligamos esta atribución convertida en excepción de inequidad, con la norma penal, la Ley General en materia de Delitos Electorales, prevé pena de prisión por el uso de recursos públicos en las campañas políticas. Por ejemplo el artículo 11 de esa Ley, entre otras conductas típicas prevé los siguiente: “…Al servidor público que destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado; …Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
El diputado en funciones recibe grandes cantidades de dinero para destinarlo en apoyos a la población ¿Dejará de recibir ese dinero o continuará haciendo uso de esos recursos públicos? El diputado que participe directamente en campaña, que no solicite licencia, seguirá siendo un servidor público de elección popular y por supuesto que destinará recursos públicos a su propia campaña, o sea dinero público que recibirá el candidato se aplicará a la campaña, directamente en apoyo para un partido o coalición, en su caso y lo hará por sí mismo ¿El diputado en campaña seguirá utilizando los recursos materiales propiedad del Poder Legislativo y el personal subordinado a su cargo? Por supuesto dado que seguirá ejerciendo funciones de diputado.
Por eso no le falta razón a Tonatiuh Salinas Muñoz, cuando en base a la ética exhorta a los legisladores a separarse del cargo si es que participan como candidatos a otro puesto de elección popular durante este proceso. La línea divisoria entre el derecho a ser candidato sin dejar el cargo y cometer un delito, es muy endeble. Vale la pena que mediten el exhorto.
