A partir de hoy da inicio la campaña de Manifestación Anual de Bienes 2014, en la que 6,624 servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 5,891 funcionarios municipales y 143 trabajadores del Poder Legislativo, -incluida la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)- así como los 25 diputados y personal legislativo-, deberán declarar sus bienes materiales correspondientes al año en curso, con el fin de dotar de certeza jurídica y transparencia al ejercicio de la función pública.
El Secretario de la Contraloría, Juan Gorráez Enrile dio cierre a la última capacitación en la materia, que tuvo lugar en el municipio de San Juan del Río, en presencia del alcalde Fabián Pineda Morales, dirigida a funcionarios públicos de distintos municipios, a quienes conminó a cumplir con esta obligación en tiempo y forma.
El Contralor del Poder Ejecutivo indicó que en esta actividad administrativa está involucrado todo aquel personal que ocupe cargos de dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia y fiscalización; así como aquellos que manejen fondos estatales, municipales o estén a cargo de la custodia de bienes y valores, sean responsables de la adquisición o comercialización de bienes y servicios así como los que efectúen pagos de cualquier índole.
Otros servidores públicos que participarán con su Manifestación de Bienes son el Procurador de Justicia del Estado, subprocuradores, agentes del Ministerio Público; los titulares de los organismos descentralizados y fideicomisos hasta el nivel de jefes de departamento o su equivalente; asimismo los magistrados, presidentes, representantes patronales y obreros, secretarios y actuarios de los tribunales administrativos, del trabajo y fiscales.
El Contralor señaló que la premisa de esta campaña es “que el cien por ciento de los servidores públicos obligados, presenten a tiempo y a través de internet su Manifestación de Bienes Anual 2014, la meta principal, -subrayó- es que todos los servidores públicos obligados, cumplamos a más tardar el miércoles 15 de octubre de 2014”.
Gorráez Enrile aclaró que en el caso omiso de dicha obligación, el servidor público se hará merecedor de una sanción pecuniaria que va desde 15 días, a 6 meses del último sueldo base presupuestal; finalmente dijo que los únicos servidores públicos exentos de esta actividad, son aquellos que hayan sido dados de alta en el padrón de obligados a partir del mes de agosto del año en curso, o que presenten baja definitiva del servicio público, antes o durante el mes de octubre de 2014.
