Constitucional, jurídica, sociológica y políticamente existen muchas razones del porqué no se debe votar el domingo próximo.
El gobierno morenista preparó un megafraude para destruir al Poder Judicial, despidiendo al personal judicial capaz e independiente para sustituirlo por personal previamente seleccionado por el oficialismo, que por supuesto, abandonará la independencia judicial para depender en lo sucesivo del poder político. Esta es una de las razones de mayor importancia. La justicia a voluntad de los políticos.
AMLO generó la iniciativa. Independientemente de los errores jurídicos, de semántica y de fondo, todo es para acabar con quienes se opusieron a sus abusos; el Poder Judicial no permitió las arbitrariedades del Poder Ejecutivo —de AMLO— en perjuicio de la población, de México en sí mismo.
Senadores y diputados federales morenistas y aliados violaron la Constitución y sus leyes internas, a pesar de tener mayorías calificadas; no tenían necesidad de ultrajar las normas vigentes. Les urgía cumplir el mandato del presidente Lopez.
Luego vendrían las legislaturas de los estados con mayorías morenistas; aprobaron las reformas sin tener la minuta proyecto de decreto formal y legalmente. En menos de 12 horas ya habían aprobado las reformas constitucionales.
Era, sin embargo, urgente para que AMLO pudiera promulgar y publicar las reformas antes de que concluyera su mandato.
El 15 de septiembre de 2024, quince días antes de dejar el poder, ejecutó la demolición democrática, política y jurídica del Poder Judicial. Simplemente dejó en manos de su sucesora el proceso electivo y que continuara la sucia campaña de difamación y vilipendios en contra del personal del Poder Judicial.
AMLO promovió la eliminación de la independencia judicial; desechó la carrera judicial y la meritocracia la echó a la basura. En lo sucesivo, la mayoría de los impartidores de justicia carecerán de carrera judicial, desconocerán procesalmente los trámites judiciales.
La carrera de licenciado en Derecho no les da la experiencia en la impartición de justicia en lo más mínimo. Se requiere capacitación de años, capacidad probada en los juicios. Al creador de la iniciativa simplemente le interesó apoderarse del Poder Judicial, al que nunca pudo dominar; fue incapaz de controlarlo, salvo al traidor del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: así lo confesó el promotor. Luego acomodaría a tres ministras morenistas —amloístas— y pudo doblar a varios ministros con la amenaza de investigarlos, procesarlos por corrupción.
¿Más democracia en México con la elección de impartidores de justicia? Es justificación populista de la izquierda solo para tontos e ignorantes. A los jueces no se les somete a procesos de votación para su designación.
¿Elegir al más popular? Se les sujeta a procedimientos de exámenes de cocimientos en la impartición de justicia y experiencia en el arte del conocimiento del Derecho; la experiencia de un buen juez la da el correr del tiempo en el ejercicio de la práctica, no en una elección.
Los candidatos que son aspirantes a impartidores de justicia, en su enorme mayoría fueron elegidos o designados por Morena a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo: únicos facultados para proponer candidatos. Los listados los enviaron al INE. Luego pediría al organismo electoral eliminar a presuntos delincuentes que se les “colaron”.
Legalmente no hay manera, se irán por la “falta de idoneidad”, en caso de que ganen la “elección”.
En materia procesal electoral cometieron toda clase de arbitrariedades. El INE ha improvisado en beneficio del oficialismo creando y facilitando normas internas para sustituir todo aquello que omitieron los legisladores en sus reformas y adiciones. Han preparado todo para hacer ganar a sus candidatos. Tal vez se les “escapen” algunos buenos aspirantes.
¡A los jueces no se les elige —designa— por voto popular! ¡Se les capacita permanentemente! ¡Se les somete a exámenes!
Los juzgadores jamás deben perder la independencia en impartir justicia; nunca depender del poder que los propuso —los políticos en turno— bajo la burda farsa de someterse al proceso “democrático” de haber sido el electorado quien los “eligió”.
Otra razón más que ensucia el proceso. El INE redujo a más de la mitad las casillas instaladas en elecciones federales. Las autoridades promueven el abstencionismo: para la manipulación del voto.
El oficialismo —Morena y el aparato gubernamental— ya repartió los “acordeones” —llamados así por lo extenso de los candidatos y 6 o 9 boletas— para que sepan por quién deben votar. Imposible saberlo en una lista de 200 aspirantes. El INE guardó silencio; una vez concluida la tarea de distribuir los “acordeones”, la señora Guadalupe Taddei simplemente declaró que no estaba bien lo que hicieron y que dejaran de hacerlo. Sin sanciones para los infractores; bueno, no crearon normas para castigar a los fraudulentos.
El mismo oficialismo echó a andar el mecanismo u operativo de los acarreos para que el “pueblo” suponga participación ciudadana. El INE pronosticó, a lo mucho, un 10% de participación; luego reculó y subió el porcentaje.
Las boletas no serán contadas el día de la elección; tampoco serán anuladas las boletas sobrantes. Los paquetes electorales serán entregados a funcionarios del INE; los ciudadanos, por primera vez, no darán a conocer resultados; tampoco habrá conteo rápido. 10 días después darán a conocer a los “ganadores”.
La señora Taddei dará a conocer, sin empacho alguno, porcentaje de participación de manera inmediata, a la vez que abre el tiempo suficiente —10 días— para acomodar los números que al oficialismo le convenga y hacer ganar —o perder— a sus candidatos.
Ni las reformas constitucionales ni secundarias establecen mínimos de participación electoral; así que bastarán unos cuantos votos para quedarse con el cargo judicial. No podrán legitimar lo ilegítimo del proceso; aunque aparentemente simule ser legal, adolece de vicios de origen desde que se crearon las normas para socavar la impartición de justicia en México.
Por supuesto que existen más razones para no votar el próximo domingo. El votar es un derecho constitucional, no es obligatorio. Luego entonces, no es necesario sufragar el próximo domingo.
Dejo en esta columna lo que considero algunas importantes razones para reflexionar y coadyuven a decidir si evitarás “convalidar la farsa democrática” del oficialismo.
El proceso electivo no es otra cosa que contribuir a destruir nuestra democracia y derruir los cimientos del Poder Judicial.
