Todo debe ser eliminado antes de septiembre próximo, fecha en la que entrarán en funcionamiento las “nuevas” instituciones, la nueva estructura administrativa que hasta hoy funcionaba sin problemas.
Ayer viernes, la presidenta de la SCJN publicó el acuerdo de fecha 22 de abril pasado, por medio del cual se eliminó la Dirección General de la Tesorería, área administrativa que tramitaba todos los apoyos económicos al personal del Poder Judicial, derivados de los fideicomisos que tuvieron a bien eliminar los legisladores; además, se quedaron sin dinero, esos 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos que se “robó” –literal– el Poder Ejecutivo, para, según la presidente, dar ese dinero a los maestros. Dinero que administraba Nafin como institución fiduciaria. Violaron el contrato de Fideicomiso.
El abuso del poder sin límite, sin consecuencias y sin sanciones por los atropellos al Estado de Derecho; sin seguridad jurídica. Lo mismo que hizo AMLO con los 40 mil millones de pesos de los Afores propiedad de los de los mayores de 70 años, de tercera edad, todo porque no movían su dinero. Delincuentes avariciosos los morenistas.
Dinero que ya no tiene el Poder Judicial federal; deja de tener razón administrativa la existencia de la Dirección, de ahí su desaparición administrativa. Muchos años gozó de ese dinero Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro y hoy empleado de la presidenta Sheinbaum ¿Curioso verdad?
De tal suerte que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que eliminar la Dirección General de la Tesorería, encargada, entre otras actividades, de gestionar los apoyos médicos y las pensiones del personal con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Los nuevos tiempos de los “despojos” institucionales que pretenden hacer ver como legales, cuando adolecen de toda clase de ilegalidades, nulos de pleno derecho; pero, no hay consecuencias en contra de aquellos que se coluden delincuencialmente en el gobierno.
Ayer viernes fue publicado el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación –DOF–. La presidenta Norma Piña Hernández señaló que la transferencia de los dineros que tenían en el fideicomiso ascendía a poco más de 10 mil 260 millones de pesos, mismo que fueron a parar directamente a la Tesorería de la Federación. Ya no podrán cumplir con la obligación de cubrir las pensiones y prestaciones médicas.
Prudentemente la presidenta consideró necesario desaparecer la Dirección y así unificar los procedimientos operativos, financieros y presupuestarios durante el periodo que resta del proceso de transición que vive actualmente el máximo tribunal del país. Nada se dijo del derecho a las liquidaciones constitucionales de los empleados despedidos. No hay dinero.
Dijo Norma Piña que las funciones de la Dirección General de la Tesorería pasaron a las direcciones generales de Presupuesto y de Recursos Humanos. Simplificación administrativa.
Comentó la presidenta que el acto administrativo fue con el siguiente propósito: “con el objeto de que los procesos operativos, financieros y presupuestarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean integrados en un esquema unificado dentro del proceso actual de transición, que optimice los esfuerzos y fortalezca los mecanismos de control presupuestal y contable, se considera necesario extinguir a la Dirección General de la Tesorería y redistribuir las atribuciones de las materias señaladas en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad” ¡Institucional la ministra Norma Piña!
Así que, el procedimiento de atención de pensiones y prestaciones complementarias, como los recursos financieros con los que operaba la Dirección General de la Tesorería serán integrados a la Dirección General de Recursos Humanos. Agregando que: “con esta redistribución de atribuciones, se busca que en los procesos se reduzcan los tiempos de gestión, se fortalezca la transparencia en el ejercicio del presupuesto, y se potencialice la coordinación y comunicación para su adecuada ejecución”. Apretarse más el cinturón; la intención del oficialismo abusivo, doblegar hasta quebrar a todos los que injustamente se irán, gracias a las reformas amloistas, defendidas sin razón por Sheinbaum. Esta tuvo la oportunidad de cambiar la historia y no lo hizo, sigue obedeciendo a su antecesor.
Conforme a la inconstitucional reforma judicial, la SCJN debe transferir al nuevo organismo de administración, que entrará en funcionamiento una vez que sus nuevos integrantes asuman sus cargos; todos los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales de la Oficialía Mayor con sus direcciones generales a manos de los arribistas oficialistas. Casi fin de la trágica historia que termina con la independencia judicial.
Eliminación inconstitucional de derechos laborales extralegales. A la Dirección General de la Tesorería le correspondía gestionar ante el fiduciario –Nafin– los apoyos económicos del plan de prestaciones médicas autorizadas por el área correspondiente; y, los demás fideicomisos en que se requería, concomitantemente a otras atribuciones afines relacionadas con la administración y control del otorgamiento de pensiones complementarias y apoyos médicos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo, originalmente sostenidos con recursos –dinero– de diversos fideicomisos -no del gobierno–.
Trastocando suspensiones en juicios de amparo, la totalidad de sus recursos, remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos fueron enterados ilegalmente a la Tesorería de la Federación, por “órdenes superiores”, fue la justificación “legal”. Así que, desde el “robo institucional” no hay dinero para cubrir las pensiones y prestaciones médicas complementarias con recursos de los fideicomisos, ya no hay dinero. Aberrantes ilegalidades desde el mismo Poder Ejecutivo.
