Resulta que el dictamen de la iniciativa de la presidente Sheinbaum –idea original de AMLO– conocida como “ley mordaza” fue votado sin mover una sola coma, como lo dejó dicho el expresidente. El senador Ricardo Anaya, alertó sobre los abusos y el vergonzoso “fast track” en el seno de la comisión; nadie conocía el contenido del documento de más de 200 hojas.
En la mañanera, la presidenta Sheinbaum justificó las críticas que recibió su iniciativa, argumentando ¿Quién la elaboró? que había “un error de redacción” en el apartado sobre plataformas digitales. Se refirió al artículo 109; la redacción faculta al gobierno bloquear redes sociales o sitios web sin orden judicial. Se trata de una clara violación a derechos humanos a las libertades de escribir, publicar y difundir.
Pero, resulta que los senadores no presentaron modificaciones, tampoco hicieron correcciones. Conclusión, no se trató de ningún un error, así fue la redacción ¿El verdadero objetivo? ¡La censura!
La aplanadora de senadores morenistas con sus aliados, no realizaron su parlamento abierto; no hicieron consulta a expertos. Todos, todos fueron ignoradas. Los medios comunitarios excluidos; los académicos, acallados.
En el Senado la oposición no cuenta.
Este lunes el Senado votaría aprobando la iniciativa presidencial. De pronto, todo se detuvo y Adán Augusto López, ordenó la suspensión del trámite. Solo faltaba que ignorara por segunda ocasión a la presidente Sheinbaum.
Así las cosas, la nueva ATDT emitirá los lineamientos. La nueva legislación –la autoridad responsable– decidirá quién puede hablar y quién no; qué se puede decir y qué no; cómo monitorearán y a quién ordenan bloquear. Así será si no modifican la iniciativa.
El cernidero político de la censura no será técnico, legal o plural: será político.
El gobierno de Morena decidió que, tener un espacio para expresarse será un privilegio. Podrán abrir o cerrar los espacios mediáticos a placer; política digital controlada desde el gobierno. Se tratará de un nuevo orden narrativo agradable, eliminar la crítica incómoda; la presidente ha demostrado ser igual de intolerante que su antecesor a la crítica.
Será el poder político quien decida cuál conexión es válida y cuál no lo es para ellos. En su narrativa lo niegan rotundamente; en la práctica así será de no modificarse la redacción no solo del 109. Ellos pretenden decidir cuales contenido merece ser difundidos y lo contrario también; cuáles medios merece existir y cuáles fenecer.
Indudablemente que, cuando la libertad de expresión, un derecho humano y garantía constitucional depende de una oficina, pierde la esencia del derecho; el estado lo “pervierte” en un privilegio de unos cuantos, permanecen solo los oficialistas.
El artículo 109 de la nueva Ley de Telecomunicaciones, propuesta por Sheinbaum, faculta a la Agencia Digital para bloquear plataformas digitales y redes sociales, sin aclarar en qué casos y bajo qué condiciones ¿Es o no autoritarismo y censura?
Dada la petición de la autora de la iniciativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, anunció que solicitaría el retiro del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de abrir un espacio de escucha con sectores involucrados, principalmente por la redacción del artículo 109 que plantea el bloqueo de plataformas digitales y redes sociales.
Dice parte de la reforma: “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables” ¿Qué? Así de simple, sin motivación ni fundamentación, basta con que la autoridad lo pida y ya.
El proyecto obradorista se cristalizaría con la nueva ley de telecomunicaciones que establecerá que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar el acceso a la conectividad. Regreso al estatismo de los 60 y 70. Los que, como oposición férreamente se oponían a ello, ahora como gobierno la impulsan para tener el control total de los medios. Solo falta que el Estado autorice o no a los medios impresos la compra de papel.
El artículo 12 del dictamen propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) “otorgue al gobierno de manera directa, sin contraprestación, con preferencia de terceros, las concesiones necesarias de espectro”. Nueva inequidad; literal monopolio. Total, ya desaparecieron a los organismos autónomos que eran los reguladores, vuelve el control del Estado. Cualquier semejanza con los regímenes socialistas abusivos y fracasados, es pura coincidencia.
La facultad que le conceden al Estado significa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asumirá el plan de cierre de brecha digital del Estado y acceda a bandas de frecuencias necesarias para habilitar servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, colocándose en una clara posición de ventaja respecto a sus competidores, de acuerdo con analistas. Es por demás obvio. La CFE obtendrá espectro radioeléctrico sin que le represente costos a diferencia de empresas particulares. También podrá comercializar telefonía e internet, rompiendo la barrera regulatoria que solo le permitía vender conectividad en zonas remotas.
Resulta incuestionable que la pretendida nueva iniciativa de Ley de la señora Sheinbaum, misma que rescata la idea de su antecesor, continúa la política del regreso al estatismo, ahora en los medios de comunicación tanto tradicionales como digitales.
Morena continúa la abusiva y arbitraria injerencia de su gobierno en industrias como la aviación, transporte, aeroportuaria, aduanas, ferrocarriles, generación de energía eléctrica; ahora entran de manera frontal al sector de las telecomunicaciones. Y todo lo corrompen.
A todo esto ¿Quiénes están detrás de la ley mordaza que conculca derechos humanos? Viene la censura a las libertades y derechos humanos de escribir, de expresión y de publicar ¿Pretenden acallar las voces críticas? Todo indica que esa es la ruta.
