Ante las recientes declaraciones del coordinador de la bancada panista, Guillermo Vega, celebrando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la llamada “Ley de Aguas”, el diputado Ulises Gómez de la Rosa, representante popular en el Congreso del Estado, reiteró que el tema del agua en Querétaro está lejos de estar resuelto y que la verdadera lucha está en la garantía de acceso efectivo y continuo para todos los queretanos.
“La narrativa del PAN quiere cerrar un capítulo que sigue más vigente que nunca. Mientras no exista una cobertura real del 100% y no haya agua en los hogares de las familias queretanas, no habrá descanso, ni sentencia alguna que nos impida levantar la voz”, afirmó Gómez de la Rosa.
El legislador enfatizó que las fallas de suministro persisten, especialmente en comunidades de la capital, así como en las zonas del semidesierto y la sierra queretana, donde la infraestructura hidráulica es nula o deficiente, sin planes ni proyectos concretos para su mejora.
“Santa Rosa Jáuregui es un ejemplo claro: los tandeos son reales y prolongados, la escasez continúa, las tomas son inaccesibles y la infraestructura brilla por su ausencia. No hay un plan maestro, no hay voluntad de resolver el problema. ¿De qué sirve una sentencia si no hay agua en las casas?”, cuestionó.
Gómez de la Rosa sostuvo que, aunque la SCJN haya declarado constitucional la ley que permite la participación de privados y la limitación del servicio por falta de pago, el verdadero debate no es legal, sino humano: “El Estado está obligado a garantizar al menos 50 litros diarios por persona. Ahora le toca al gobierno dejar de defender leyes y empezar a defender a las personas. Necesitamos suministro real, no argumentos políticos”.
Asimismo, señaló que Morena no soltará la bandera del agua y que seguirá representando esta causa desde el Congreso y las calles. “El PAN podrá intentar construir su narrativa, pero mientras no haya garantías reales de acceso universal, la lucha por el agua seguirá. Porque el agua no es un privilegio, es un derecho humano”, concluyó.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la Ley de Aguas del estado de Querétaro no viola el derecho humano al agua y que su contenido se encuentra armonizado con el artículo 4º, fracción VI, de la Constitución, también es cierto que entre el reconocimiento jurídico del derecho y su cumplimiento efectivo por parte del gobierno panista hay un abismo.
Esa brecha ha obligado a ciudadanos y comunidades enteras a promover amparos para exigir lo que la ley debería garantizar de oficio: el acceso real, continuo y suficiente al agua. La narrativa oficial, que presume garantías a 50 o 100 años, es tan tramposa como vacía si no pueden responder con hechos a lo más básico: cómo, cuándo y con qué infraestructura lo harán posible. La realidad, una vez más, supera al discurso del PAN y deja en evidencia la ineficiencia y falta de capacidad operativa de la CEA para atender una crisis que afecta a miles de familias queretanas.
