La Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, presidida por la diputada María Blanca Flor Benítez e integrada por los legisladores Paul Ospital Carrera y Guillermo Vega Guerrero, aprobó el dictamen de la “Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la entidad, así como a los 18 municipios, los organismos autónomos y los tribunales administrativos establecidos por la Constitución Política de Querétaro, los partidos y organizaciones políticas, la Universidad Autónoma de Querétaro y demás instituciones de educación superior que cuenten con autonomía, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley de Gobierno Digital y en la Ley de Firma Electrónica Avanzada, todas de Querétaro.
En la sesión se contó con la presencia de la diputada María Eugenia Margarito Vázquez, así como de la representante de la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (Infoqro), Dulce Nadia Villa; y los titulares de la Unidad de Transparencia de Poder Legislativo local, Ricardo Sosa Pérez, y de la Unidad de Transparencia de Ezequiel Montes, Misael Sánchez Ramírez.
De acuerdo a los considerandos del dictamen, los legisladores consideran oportuno hacer el llamado a los sujetos obligados previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la Ley de Gobierno Digital y la Ley de Firma Electrónica Avanzada para Querétaro, a que sigan dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como a las de uso y consolidación de las tecnologías de la información en su interacción con los particulares, con el fin de incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios que prestan, así como de promover el uso de medios digitales, documentos electrónicos, sello electrónico y firma electrónica avanzada para facilitar, agilizar y hacer más accesible los actos en que intervengan, todo ello en beneficio de la ciudadanía.
Previo a la aprobación del dictamen, al hacer uso de la voz en el arranque de trabajos de la comisión, la diputada Flor Benítez expresó que el derecho de acceso a la información pública implica que toda persona pueda no solamente solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso, sino que también debe entenderse bajo el principio de máxima publicidad, como el derecho a tener la información pública disponible, oportuna y útil por cualquier medio de manera inmediata, especialmente por medios digitales, es decir, gobierno de datos abiertos y gobierno digital.
Asimismo, explicó que lo que motiva el exhorto aprobado, es la necesidad de la ciudadanía de conocer la información y la manera como se ejercen los recursos públicos, sin tener que pedir la información o acudir a un mecanismo adicional; además de la obligación que tienen las autoridades de cumplir con todos y cada uno de los conceptos que las entidades públicas deben publicar en sus plataformas de información; y que la información sea oportuna y se entregue en los plazos establecidos en la ley, así como que se emita, en la medida de lo posible, de manera digital para facilitar la consulta de la información pública.
Por otra parte, la legisladora compartió algunos datos específicos respecto a los informes de la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (Infoqro) de los años 2023 y 2024. En ese sentido, dijo que en el ejercicio 2023 el grado de incumplimiento de las entidades resultado de las verificaciones realizadas por Infoqro fue del 39.75 por ciento, contra un 60.25 por ciento de cumplimiento; dijo que cabe señalar que en el informe de 2024 no se encontró el dato de ese ejercicio.
Añadió que adicionalmente en 2023, se tuvieron en total 229 recursos de revisión por incumplimientos en la entrega de información al ciudadano, contra 310 recursos en el 2024. Afirmó que lo que muestra lo anterior, es un aumento claro en el incumplimiento a esta obligación constitucional, del 35.37 por ciento de 2023 en relación con el 2024, por lo cual concluyó que “Lo anterior justifica la presente iniciativa de exhorto para que los sujetos obligados cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas”.
