La mayoría de las legislaturas de los estados no han homologado sus constituciones a las reformas judiciales, a fin de dar paso a la destrucción de todos los tribunales de justicia y someter a votación popular a magistrados y jueces.
Catorce legislaturas han reformado sus constituciones. Antes del plazo establecido en el decreto de reforma hicieron las adecuaciones. Por supuesto, son legislaturas controladas por Morena. Seguramente irán por las reformas secundarias, como sus leyes electorales y sus leyes orgánicas, entre otras. ¿Por qué o para qué la prisa?
Para la elección federal han dado muestras de los tremendos errores cometidos por los legisladores federales, y aun así, aquellos ya reformaron sus normas internas. Van por las mismas fallas. Considero que vulneran la soberanía de los estados, obligar a cambiar su sistema de gobierno interno.
Por ejemplo, de los 13 mil 205 millones de pesos solicitados por el INE para la elección de jueces, magistrados y ministros, la Cámara de Diputados les redujo el presupuesto en un 40%. Para su presupuesto base, financiamiento de partidos políticos y una eventual consulta popular, les autorizaron 27 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2025. Así que, según cálculos de consejeros electorales, el INE solo tendrá para la elección alrededor de 4 mil 349 millones de pesos, por lo que habrá ajustes al resto de sus partidas para intentar desahogar la elección judicial. Consejeros afirmaron que por ajustes y readecuaciones a su presupuesto, para la elección judicial podría ser de 6 mil 132 millones de pesos y no de los más de 13 mil.
La elección de 2025 será la más grande que ha tenido el país; se elegirán 881 cargos judiciales. En las elecciones de este año fueron 629 cargos federales. En las pasadas elecciones hubo 2 mil 304 candidaturas; para las judiciales se esperan más de 5 mil.
Para la elección de jueces, magistrados y ministros no se podrán instalar las poco más de 172 mil casillas; por la escasez económica generada por los diputados y la misma presidenta de la República piensan en 80 mil mesas directivas de casilla, según lo admitido por Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General.
El enorme ajuste dentro de los 300 distritos electorales federales será la estructura de la elección. Preveían en el INE 50 mil capacitadores asistentes electorales; con el recorte al presupuesto estiman solo 30 mil; además de los necesarios supervisores electorales, como parte de la estructura. Los capacitadores electorales son los responsables de visitar a más de 13 millones de mexicanos nacidos en febrero y mayo, según el sorteo realizado por el INE, para invitarlos a participar.
Para el Proceso Electoral Federal 2024 se contrataron 7 mil 123 supervisores electorales y 42 mil 657 capacitadores electorales. De acuerdo a la consejera Norma de la Cruz, analizan que en vez de casillas con 750 boletas, haya quizá centros de votación con entre mil 500 y 3 mil boletas. Una barbaridad en cada mesa directiva. Dijo la consejera: “Tenemos que revisar nuestro modelo. En vez de tener tu casilla a una cuadra, será a tres o cinco”.
Más problemas operativos. Debido a que no autorizaron los recursos económicos que solicitó el INE, acordaron no realizar las encuestas de verificación nacional muestral para la revisión del padrón electoral previo a una elección. O sea, será un Padrón Electoral con muchos vicios. ¿Eso esperan los autores del desastre? Ese control se establece para verificar, y en su caso, detener casos de expedición irregular de credenciales para votar con fotografía, o que en el padrón haya personas ya fallecidas.
Las boletas electorales, sin embargo, son parte de las medidas de seguridad que se han establecido en las elecciones mexicanas para evitar falsificaciones. Estas son: marca de agua con el logotipo del INE, fibras ópticas visibles, fibras ópticas ocultas, microimpresión, impresión invertida, imagen latente e impresión invisible, candados que están en revisión. Todo esto en peligro por falta de dinero.
De acuerdo a los consejeros, seguirán a revisión todos los gastos de las distintas áreas ejecutivas de todas las unidades responsables del INE, para ver dónde es susceptible disminuir algunos gastos y destinarlos a las elecciones judiciales. Sin embargo, hay otras decisiones ya tomadas que permitirán ahorros forzados. Contrario a lo que ha ocurrido desde hace décadas ya, no podrán participar los mexicanos que viven fuera del país (voto en el extranjero), pues la reforma judicial no previó mecanismos para hacerlo posible. Y el actual marco legal obliga a realizar auditorías a los sistemas de votación electrónica, antes de hacerlos aplicables, por lo que no podrán aplicarse en la elección de 2025. Además, también por ahorros, no habrá elección dentro de centros penitenciarios, por lo que tampoco podrán sufragar los reos con o sin sentencia. Y así, las legislaturas de los estados ya reforman sus constituciones para cometer los mismos errores.
El Consejo General del INE aprobó la implementación del voto anticipado solo para la elección de ministros y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los únicos cuyo ámbito de elección es en todo el territorio nacional.
Ahora, ¿qué sucede si no reforman las constituciones aquellas legislaturas en las que Morena no tiene mayoría calificada? Simplemente nada. Los mismos legisladores federales han hecho lo mismo infinidad de ocasiones, no cumplen con sus propias normas y violan sentencias judiciales. ¿Se atreverán a desafiar al gobierno federal? Una incógnita a la que solo el tiempo nos dará la respuesta.
