En la semana que termina el consejero del INE Uuc-Kib Espadas, interrogó a su compañero de “bancada”, Martín Faz, en el evento de la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de Guadalajara, si debía “inclinar la cerviz y aceptar que deben ir a la cárcel por organizar esa elección”.
La pregunta entre consejeros de la “bancada de Morena”, de inmediato tuvo respuesta. Criticó al juez de distrito sobre la resolución impuesta a las y los consejeros, ante la violación cometida a la suspensión impuesta para detener el proceso electoral del personal judicial federal; el juez los sancionó con multa de poco más de 54 mil pesos, más la comisión del delito de desacato por no cumplir con la resolución.
El consejero Faz se defendió con el infundado argumento de que el juez adoptó una “postura política y no jurídica” ¿Cómo es eso?
Ahora resulta que, hacer cumplir el mandato judicial con sujeción a lo establecido en la ley vigente, es tema y decisión política. Respuesta totalmente fuera del contexto legal. Baste revisar la Ley de Amparo para confirmar el falaz argumento del consejero electoral del INE.
Los morenistas hoy consejeros del INE, sin embargo, se amparan con el “fuero constitucional” que tienen y por lo tanto no pueden ser procesados por delito alguno, si antes no hay un juicio político. Otra equivocación de las autoridades electorales. No es por medio de juicio político que les quitan el “fuero constitucional”; no, es por medio del juicio de procedencia por responsabilidad penal.
Seguramente saben bien los consejeros que ninguna autoridad jurisdiccional puede hacer nada en contra de ellos. Morena y sus aliados acaparan las mayorías en las Cámaras, por lo tanto, es obvio que los legisladores no aprobarían el juicio de procedencia por responsabilidad penal.
Además, los consejeros del INE alegaron en conferencia de prensa, que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, les autorizó dar continuidad con el proceso electoral. Total, que los consejeros encontraron la oportunidad en la Feria del Libro, para difundir sus ideas en cuanto al conflicto judicial que enfrentan por violar la suspensión otorgada por el juez segundo de distrito con sede en la ciudad de Colima, Francisco García Contreras.
No aguantaron el deseo de vituperar a la autoridad judicial, al advertir que fue denunciada penalmente la autoridad judicial que concedió la suspensión, por “desvío de la aplicación estricta de la ley”. Una jugarreta legaloide que no tiene viabilidad en un sistema judicial que goce de autonomía constitucional. Saben, sin embargo, que ellos –Morena– controlan al fiscal Alejandro Gertz Manero y guardan la esperanza que inicie carpeta de investigación en contra de las autoridades judiciales que cumplen con la aplicación estricta de la ley. Ahora resulta que los consejeros electorales crean nuevas conductas típicas.
A todo esto, ha trascendido que, en la Cámara de Diputados, los responsables del trámite electoral que a ellos compete, siguen violando el contenido de la convocatoria que emitieron para el registro de aspirantes a ocupar algún cargo judicial de aquellos que fueron ofrecidos en la feria del empleo. Aseguran que, habiendo vencido el plazo para los registros, los miembros del comité, piden a los inscritos que solventen cualquier deficiencia que hayan tenido en el momento de su registro.
Fuera de toda condición establecida en la convocatoria hacen sus enjuagues, lo cual lleva a la nulidad de todos esos actos fuera de los requisitos y atribuciones de los miembros del comité. De ser cierto, les permite manipular cualquier movimiento que les sea favorable a los legisladores de la Cámara de Diputados y cómo no, si pueden ayudar a sus “compinches” para que sean propuestos en el distrito o circunscripción judicial que les plazca.
Con esta serie de arbitrariedades e ilegalidades, los dueños del poder político siguen con el proceso electoral para elegir a las autoridades judiciales en junio del 2025.
