Toda vez que consideran que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de una valoración adecuada de los impactos reales de la ley sobre el derecho humano al agua y su saneamiento, en la población del estado de Querétaro, en rueda de prensa la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra junto a las integrantes del Colectivo Voceras de la Madre Tierra, Teresa Roldán Soria, María del Carmen Siurob Carvajal, María de Jesús Ibarra Silva y Elizabeth Durán; y Francisco Landa, promovente del amparo, presentaron un posicionamiento.
La diputada Andrea Tovar aclaró que la sentencia que se resolvió la semana pasada, en la Sala de la SCJN, solamente solventó los conceptos de violación que se hicieron valer en amparos sobre la iniciativa de reformas realizadas a la Ley de Aguas de 2022, lo cual no quiere decir que el tema esté agotado, ya que todavía hay otros que están pendientes de resolver y, por ende, la ley todavía puede ser declarada inconstitucional.
Tovar Saavedra explicó que se declaró inconstitucional el tema que tiene que ver con las tarifas, pero eso no quiere decir que, al momento de que se materialice la ley o se aplique, siga siendo constitucional, ya que, en la sentencia de la Corte, ni siquiera se establecen los parámetros mínimos para limitar o establecerlas.
La legisladora consideró que todavía quedan cuestiones por resolver, y es que desde las reformas de 2022 han insistido en que era inconstitucional porque sí limitaba el derecho al agua, además de que no era clara con el tema de las concesiones; por lo que lograron que en abril de este año se realizarán cambios, aunque no fue por completo, ya que “sigue siendo una reforma que privatiza, que privilegia el interés de unos cuantos en contra de la gran mayoría”.
La diputada Andrea Tovar precisó: “esperaremos a la aplicación de la ley y que se establezcan las tarifas para ver como avanza este tema del agua, ya que es de interés para todos”.
En su posicionamiento en relación emitida por la primera sala de la SCJN, respecto del amparo en revisión 984/2023, las Voceras de la Madre Tierra, exigen una revisión exhaustiva de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro y que se proceda a la creación de una verdadera ley para la gestión integral del agua, que garantice el derecho humano al vital líquido y su saneamiento mediante la incorporación de los enfoques de derechos humanos y sustentabilidad.
Así como la protección de las fuentes hídricas, garantizar el suministro para uso y consumo humano, prevención de riesgos y conflictos socio ambientales relacionados con la gestión del agua; y la garantía de participación pública en asuntos relacionados con la gestión del agua.
Los ambientalistas declararon que se mantienen firmes de que el acceso al agua es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado por una Ley para la Gestión Integral de Agua y no por una Ley de prestación de servicio.
Las integrantes del colectivo consideraron que la resolución judicial que desestima el amparo presentado contra la ley vigente representa un retroceso en la protección de este derecho en Querétaro, por lo que exhortaron a la Legislatura local a tomar las medidas necesarias para corregir esas deficiencias y asegurar que las políticas y leyes del estado reflejen un compromiso con la justicia ambiental y los derechos humanos.
