La diputada Mariela Morán Ocampo, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Legislatura local, encabezó la inauguración del Foro de Obligaciones Alimentarias: un acercamiento desde la perspectiva local, acompañada del diputado Paul Ospital Carrera y de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa.
La diputada Mariela Moran precisó que “desde el ámbito de mi competencia y en el marco de este foro de obligaciones alimentarias, legislar significa también visibilizar, dar significado y redefinir al estado con relación a su infancia y juventud, motivo por el que, con este ejercicio, trataremos de aproximar desde lo local a su construcción y ampliar el horizonte de pensamiento, de escuchar todas las voces con respeto, de ser capaces de transitar hacia una paternidad y maternidad responsable y de que hay una sociedad queretana capaz de generar una protección más amplia en favor de ellos.
Consideró necesario el diálogo sobre la importancia de que los hijos sean acreedores a una pensión alimenticia, sobre el proceso y los obstáculos que conlleva una demanda de pensión alimenticia, sobre la reforma a la Ley General y su armonización local; la perspectiva de todos los cambios desde el ámbito local; y sobre la necesidad de poner a los niños como titulares de los derechos plenos para que tengan vidas felices, a la altura de su dignidad.
Por su parte, el diputado Paul Ospital, dio a conocer que la propuesta de ley que presentó busca forzar de varias maneras a que los deudores alimentarios cumplan con la obligación que tienen con sus hijos, como la creación del Padrón de Deudores Alimentarios, como un elemento indispensable para identificarlos y que la autoridad pueda actuar; que se les prohíba expedir su licencia de manejo; y que no puedan ocupar espacios públicos, para lo que ya se aprobó la Ley 3 de 3 con la finalidad de que ningún agresor familiar y sexual, además de los deudores alimentarios pueda estar en las boletas electorales como candidatos. Además de que informó que próximamente presentará una propuesta para que, sin violar los derechos humanos de los padres, se les interrumpa el suministro de agua potable hasta que se pongan al corriente con el pago de las pensiones de sus hijos.
El legislador indicó que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria; asimismo dijo que siete de cada 10 mujeres madres solteras combaten solas la evasión de la responsabilidad del padre. Esto se da porque se vive en un ambiente de impunidad, ya que en el país los juicios llevan mucho tiempo, a veces resulta más caro pagar abogados, juicios interminables, es un desgaste económico, físico, psicológico.
Por medio de un video, Julieta Lujambio Fuentes, vicepresidenta honoraria de la Asociación Civil Mujeres en Acción, dio a conocer que aproximadamente 15 millones de menores en México se ven privados de su derecho a recibir una pensión alimenticia, lo cual afecta no solamente su subsistencia sino su desarrollo integral debido a la impunidad y a la falta de cumplimiento de las leyes existentes, pese a que el marco legal para garantizar este derecho está en su lugar la falta de aplicación efectiva y seguimiento ha dejado a muchos niños en la precariedad.
Dijo que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue decretado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de este año y emerge como un mecanismo esencial y se erige como una fortaleza contra la negligencia y el descuido por lo que Querétaro no puede ser ajeno a la realidad nacional y es deber ético y legal armonizar la legislación local en todos los estados.
Por último, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa consideró que los plazos que está marcando la Ley General en el Diario Oficial de la Federación para poner en marcha el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, así como los plazos que se dan a las legislaturas locales para armonizar sus leyes son excesivos ya que sería hasta julio del próximo año el plazo para que el DIF realice las normas y fundamentos para el funcionamiento de este registro y, otros 120 días hábiles más, para que las legislaturas locales puedan hacer las adecuaciones internas, es decir, hasta diciembre de 2024.
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