No hay agua en La Negreta, en Santa Bárbara, en Lourdes; bueno, en decenas de comunidades del municipio de Corregidora –particularmente de la región sur– los tiene limitados, les tandean el agua, un día no y otro tampoco, solo unas horas al día; pero eso sí, Roberto Sosa Pichardo ya autorizó la privatización del servicio del vital líquido, lo que traerá como consecuencia un jugoso negocio para la inmobiliaria “Plaza Querétaro, SA de CV”, y presumimos, para los integrantes del Ayuntamiento.
Pero ya sabemos por qué en Corregidora no tienen agua: ya privatizaron el servicio para esa región, y el edil y los empresarios ya se frotan las manos para exprimir el bolsillo de los habitantes de esa zona.
El viernes 20 de mayo pasado el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, en el apartado dedicado a las informaciones oficiales de los municipios publicó que desde el 17 de junio de 2021 los integrantes del Ayuntamiento aprobaron el acuerdo en el que se autoriza “Plaza Querétaro S.A de C.V” para que se pueda constituir como organismo operador del agua en el polígono ubicado en la zona sur de Corregidora, y desde el pasado viernes en que se publica el acuerdo estará a cargo del abasto y suministro del agua potable, drenaje, alcantarillado tratamiento y disposición de las aguas residuales.
Desde el año pasado, el municipio de Corregidora que encabeza Roberto Sosa, violentando todas las leyes habidas y por haber, principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 115, aprobó la privatización del agua, en región donde hay reservas naturales, pero eso le valió al edil, con tal de cumplirle a los empresarios inmobiliarios.
La mañana del pasado jueves 19 de mayo, la Legislatura del Estado aprobó la Ley de Aguas, que se limita a la operación de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y a legalizar las concesiones, a legalizar la privatización del agua.
Ni tardo ni perezoso un día después, el 20 de mayo, Roberto Sosa Pichardo edil al servicio de los desarrolladores inmobiliarios mando publicar el acuerdo que da paso al inicio de la privatización del agua, un acuerdo tomado en 2021, en junio, que viene firmado por el entonces secretario del Ayuntamiento, Samuel Cárdenas Palacios, sobrino del exgobernador Mariano Palacios Alcocer, y emparentado con las familias que tienen intereses inmobiliarios en la zona sur, por El Batán.
En esas mismas fechas, con la complicidad de los regidores, aprobaron el incremento de densidad poblacional en la misma región.
No es casualidad que inmobiliarias, luego de concretar los cambios de uso de suelo para hacer sus fraccionamientos, ahora estén pidiendo constituirse también en organismos operadores para entrarle al negocio de abastecimiento de agua potable y encargarse del tratamiento y disposición de aguas residuales, sin siquiera comprobar que tienen capacidad e infraestructura para esto que podría detonar en graves problemas ambientales, como lo demuestra el acuerdo del municipio de Corregidora del 2021.
Hay que recordar que el artículo 115 constitucional fracción III, inciso a, es donde se establece que “la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales corresponde a los municipios”, quienes pueden asociarse entre ellos o coordinarse con el estado para la prestación del servicio.
Pero nunca, nunca se permite la concesión –privatización– a particulares para la operación o explotación del agua. Es decir, que, si la asignación o concesión para la explotación del agua es otorgada a los municipios, a los estados, estos, por ley, no pueden transferir estas facultades a otras entidades –como las privadas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohíbe que las entidades federativas y municipios deleguen a particulares sus títulos de asignación sobre aguas nacionales, por lo cual la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento pudiera ser impugnada y derogada, y por lo tanto también el acuerdo del Ayuntamiento de Corregidora que ya empezó a entregar el agua a los vivienderos.
Además, Conagua establece que las autoridades municipales o estatales beneficiarias de una asignación de derechos de agua –como lo aprueba el Ayuntamiento de Corregidora– no pueden transmitir particulares los derechos otorgados por dicho título.
Es un cinismo de los ediles, en este caso de Roberto Sosa, que apenas se aprobó la Ley de Aguas en la Legislatura del Estado y el mismo día los municipios ya se apresuran a autorizar cambios y permisos para el funcionamiento millonario de operadoras de agua que exploten los pozos queretanos a costa del derecho humano.
Y dicen que vendrán cosas peores.
