Regularmente los juicios de amparo se promueven en contra de los abusos cometidos por autoridades municipales, estatales o federales, con la finalidad de restablecer los derechos humanos violados, considerados algunos derechos garantías individuales, hoy ampliados a derechos humanos.
En el caso de los abusos que la autoridad federal está cometiendo por la construcción del tren Maya, se han promovido diversos juicios de amparo. Lo mismo sucedió con las obras del AIFA y de Dos Bocas. Algunas (jueces) autoridades judiciales han sido amenazadas para negar los amparos bajo el auspicio de la intimidación del Poder Ejecutivo federal.
Cualquier abuso de autoridad, sin embargo, debe considerarse en calidad de grave, dada la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades, obligadas a respetar y hacer respetar esos derechos.
Para eso son los juicios de amparo que repudia el presidente López Obrador, cuando se interponen en su camino autoritario, llegando al extremo de mandar investigar a los jueces que conceden suspensiones provisionales, definitivas y el amparo. Claro, bajo presión AMLO ha logrado que en los tribunales o en la SCJN reviertan los amparos concedidos y le den la razón a los abusos del gobierno de la 4T; incluso le han concedido la naturaleza de obras de seguridad nacional.
Lo interesante de un juicio de amparo promovido por la organización social (amparo colectivo) es que se haya promovido en contra de varias empresas constructoras de las obras del tren Maya. Más interesante que el juez de distrito haya dado entrada al juicio de amparo. Por los daños irreparables causados al ecosistema de la zona, la demanda de amparo es de naturaleza civil exigiendo la reparación del daño hasta por la cantidad de 27 mil millones de dólares.
La zona del daño es aquella en la que cayó hace millones de años el meteoro que originó la devastación y extinción de la flora y fauna que existía en la tierra en aquel entonces. Única zona en el mundo la que destruyen, ecosistema desarrollado en millones de años, es ahora devastada caprichosamente por órdenes del presidente López Obrador. A quien, sin duda alguna, poco le importa destruir ese ecosistema compuesto como ningún otro, admirado mundialmente, visitado por millones de turistas.
De ahí que sea sumamente importante la interposición del juicio de amparo y que un juez federal haya dado entrada a la demanda de juicio en contra de 5 constructoras de la obra del tren Maya; argumentan en la demanda de las obras del tramo 5, que no cuentan con todos los permisos ambientales que exige la ley. De tal suerte que también se involucra a las autoridades federales. La omisa y obsequiosa es la Secretaria del Medio Ambiente, quien aceptó que no había otorgado los dictámenes definitivos, solo permisos provisionales para devastar la zona con efectos irreversibles la naturaleza del área afectada.
Trascendió que el juicio de amparo fue promovido por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de las empresas denominadas Grupo México, la española Acciona y tres filiales de ICA.
El pasado 13 de mayo se radicó la demanda en el juzgado octavo de distrito, en material civil, bajo el distrito judicial de la Ciudad de México.
Expresó el abogado promotor del juicio de amparo: “Que sean constructoras poderosas no nos inhibe; al contrario, nos estimula. Y nuestro mensaje en esta demanda es claro: sin Manifestación de Impacto Ambiental y sin todos los permisos, no hay obra. Y si no saben el impacto ecológico que tendrán las obras del tren en cuevas y cenotes, tampoco puede haber obras”. A los promoventes se les reconoce por ser especializados en la representación colectiva de afectados por políticas públicas o acciones de privados. Expresión sustentada por Jesús Alberto Guerrero, representante de la ONRE (Asociación Civil).
60 científicos elaboraron el expediente técnico que se conforma por más de 300 fojas, dijo el promovente. Los argumentos de la demanda denuncian que “más de 240 hectáreas de obras del tren Maya han provocado una devastación total de selva media y alta, área que está en excelente estado de salud”. Misma que es y está siendo devastada por las obras. En el amparo se demanda la cantidad de 27 mil millones de dólares a las empresas que destruyen la naturaleza, “responsables del ecocidio”. La lista de las empresas demandas podrían aumentar hasta 30 empresas que participan en el ecocidio.
Recordemos que un Tribunal Colegiado dictó sentencia confirmando la suspensión provisional promovida por cuerda separada que ordenó la detención de las obras del tramo 5 del tren Maya que, de acuerdo al proyecto conducirá de Playa del Carmen a Tulum, en el Estado de Quintana Roo. De tal suerte que los promoventes del juicio de amparo tienen la ventaja que otorgó el Tribunal Colegiado.
Para finales de mayo se desahogará la audiencia para determinar si el juez concede o niega la suspensión provisional.
