Hay focos de alarma en Querétaro, en todo México, por las desapariciones forzadas –y no forzadas también, como el caso de Kevin–, un tema que daña el tejido social donde más duele: la familia.
En Querétaro, la información llama la atención: “Continúa desaparecida Ángela Daniela”. La Segob está abierta a una reunión con los familiares de Ángela Daniela Jiménez, quien está desaparecida desde el 21 de marzo.
Así lo refirió la secretaria, Guadalupe Murguía, quien señaló que con la denuncia presentada ante la FGE (Fiscalía General del Estado) se iniciaría la búsqueda; y si fuera necesario, el Alerta Amber.
Un caso de muestra.
Pero no es privativo de Querétaro, por mencionar un caso: en un mes, al menos ocho jóvenes de la zona metropolitana de Monterrey no han regresado a casa. Las familias denuncian deficiencias en las investigaciones, mientras la indignación por los crímenes crece en uno de los estados más poderosos de México.
La crisis de este estado se enmarca en una espiral todavía mayor: en México cada día desaparecen siete mujeres, 11 son asesinadas: Estamos ante una tragedia humanitaria.
Por ello, durante su participación en la sección “Pensar la Universidad”, dentro del espacio informativo Presencia Universitaria, transmitido por Radio Universidad 89.5 FM y TvUAQ, Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), habló sobre la visita a México del Comité Contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU, realizada en noviembre del 2021 y cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 12 de abril de este año.
Y es que el comité encontró que existe un registro de más de 98 mil desapariciones; entre las principales víctimas están: hombres de entre 15 y 40 años, niñas, niños, adolescentes y mujeres; defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas, comunidad LGBT y migrantes; asimismo, señalan como principales responsables a servidores públicos estatales y municipales y la delincuencia organizada.
Entre los problemas localizados en esta visita están la impunidad, una crisis forense, y que la militarización no garantiza los derechos humanos.
Cualquier interesado puede leer el informe de la ONU y constatar que, en lo fundamental, se trata de un texto elaborado con sumo rigor, que retrata una realidad trágica y más o menos irrebatible.
Se trata de un documento que se estructuró con un sentido balanceado, y que llega incluso a ser generoso en su reconocimiento de algunos avances normativos e institucionales durante el actual gobierno.
Hablar de “impunidad casi absoluta” en materia de desapariciones, como sí se hace en el informe, no es ninguna exageración. Tampoco lo es la descripción de la actual crisis forense, que hace imposible atender las enormes necesidades que existen en materia de identificación de los cuerpos y restos humanos localizados.
El informe sobre desapariciones incluye un reproche a la estrategia de militarización que AMLO ha seguido.
Sin embargo, este reproche, que era previsible, no es, de ninguna forma, el tema medular del informe.
En esencia, el informe de la ONU es una hoja de ruta que describe los pasos a seguir para lograr una respuesta más eficaz por parte del Estado ante la crisis de desapariciones que ha golpeado al país durante los últimos 15 años.
Se menciona, por ejemplo, la necesidad de contar con más acciones dirigidas a la prevención de desapariciones de migrantes y la importancia de que los jueces generalicen el uso del ‘amparo buscador’ en casos de desaparición (una medida que ya está prevista en las leyes y que faculta a los jueces para ordenar a otras autoridades a dar información y presentar personas en su poder).
El propio gobierno mexicano, al menos formalmente, ya está comprometido con muchas de las acciones que se describen en el informe.
Pero por lo pronto, en el lugar donde vivimos, en Querétaro, continúa desaparecida Ángela Daniela.
