Mientras que los diputados locales aprueban medidas contra la Libertad de Prensa, con la reforma al artículo 159 del Código Penal, que limita la libertad de expresión, pues se considera delito el revelar información sin el consentimiento de las dependencias gubernamentales; asimismo, se castigará a quien publique información confidencial –documentos– sin el consentimiento del dueño de estos, en el ámbito federal se prepara un programa de apoyo a periodistas.
Aunque el gobernador Mauricio Kuri modifique, vete, la propuesta de los legisladores locales; y que se aclare, no en los medios, sino en la redacción de la reforma, mejor pensar –igual que en el ámbito federal– en un programa de apoyo a los periodistas locales, a los periodistas, no a los medios de comunicación, a sus dueños, gerentes, que ya ganan lo suficiente.
El lunes pasado se dio a conocer que el gobierno federal prepara un plan de apoyo a periodistas, un gremio fuertemente golpeado por la violencia tanto física como económica en México, donde 8 reporteros han sido asesinados en los primeros tres meses del año.
Y eso, por no hablar de la precariedad con la que desempeñan su trabajo.
Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los últimos meses ha recibido presiones de gobiernos y organismos internacionales para que se investiguen y aclaren los atentados a los reporteros, y recordando que el mismo AMLO ha descalificado el trabajo de la prensa en diferentes ocasiones, ahora dio a conocer que destinará al programa el 25 por ciento del presupuesto de publicidad oficial del gobierno, unos 750 millones de pesos, y que se espera que se ponga en marcha a partir del 7 de junio.
Una excelente noticia, solo hay que ver que no sea para condicionar el trabajo informativo, o que los recursos queden solamente en manos de los directivos de los medios de comunicación, ni que tampoco solo se vayan a destinar a los incondicionales y paleros –como Lord Molécula– que cada mañana acuden no a reportar, sino a gestionar cuestiones personales y a sumarse a lo que dice el mandatario.
“Va a consistir en una primera etapa, pero va a ser básicamente para salud, atención médica y pensiones”, ha indicado AMLO.
Lo de la salud médica se puede dar, pero no entiendo cómo operarían lo de las pensiones, ya se aclarará cuando esté listo el programa.
No es una ocurrencia, o algo que surja por el momento tan peligroso y violento que vive el gremio, no, ya se viene trabajando desde hace unos dos años.
En marzo de 2022, el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, había asegurado que más de 20 mil periodistas en el país no están afiliados a ningún sistema de seguridad social, sobre todo los que trabajamos de forma independiente.
En Querétaro no se cuenta con un censo al respecto.
En ese momento, hace 2 años, Robledo sugirió que se estudiaba la forma de incorporarlos al IMSS.
Así, la diputada federal en ese entonces, Martha Gabriela Gómez Maldonado, propuso meses después, en septiembre de ese año, modificaciones a la ley del Seguro Social para incorporar a periodistas.
Ahora, el lunes, López Obrador ha tomado el tema y ha sugerido que el plan se ponga en marcha a partir del 7 de junio para que coincida con el Día de la Libertad de Expresión.
Se han dado pocos detalles sobre el programa, pero ha dado a conocer que como parte del plan, se creará un censo y un “comité de periodistas” que autorizará los apoyos.
Y es aquí donde “la marrana torció el rabo”, porque siempre que se propone un comité o comisión, nunca se llega a nada, y nadie queda conforme.
La oficina de la Presidencia no ha aclarado quiénes serán los miembros de ese consejo porque “aún no está conformado”.
Es obvio que muchos “periodistas”, “académicos y analistas” y viejos periodistas vivales, ya se frotan las manos para ser parte de ese comité que tendrá para repartir 750 millones de pesos; tengo para mí que estará integrado con puros comunicadores afines a la 4T.
Por lo pronto la medida es buena y los legisladores locales, o el gobierno estatal, podría replicarla, pero sin tanta burocracia como lo que implica una “comisión de periodistas”, digo, en lugar de la reforma al 159 penal.
