Después de no pocos jaloneos de diverso tipo, finalmente fue emitida y publicada en el Diario Oficial, el pasado lunes 7 de febrero, la convocatoria del INE para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024, es decir, de Andrés Manuel López Obrador. Por “pérdida de la confianza”, según dice la Constitución.
Cierran filas en torno a AMLO gobernadores y legisladores de Morena, tanto en lo de la consulta como en caso de la casa del hijo del mandatario federal y otros temas como el de España y Loret de Mola.
El tema de la consulta de revocación dará mucho de que qué hablar en Querétaro, no por la consulta en sí, sino por lo que gira en torno a ella.
En campaña veremos al senador morenista Gilberto Herrera, promoviendo no solo la consulta, sino que la medida se extienda a los gobiernos estatales, concretamente contra el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.
Tiene que ver con la veda electoral y de quiénes sí pueden promover la convocatoria y quiénes no. La estrategia de Morena es que los legisladores salgan a la calle, a las redes a promover el evento.
Ya posteó en sus redes el exrector de la UAQ y legislador ciudadano de Morena sobre la revocación de mandato que “la única profesión que no está penalizada por no cumplir lo que promete es la de los políticos. Arquitectos, plomeros, ingenieros, si no cumplen se les demanda y van a la cárcel, los políticos son los únicos que piensan que “prometer no empobrece”.
“Es momento de penalizar la demagogia, político que no cumpla sus promesas de campaña debe irse a la mitad de su mandato, deberá incluir a todo representante electo por voto popular, no solo el presidente de la República; también deberá incluir a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados”.
Pero vamos por partes: el INE se prepara para el proceso de Revocación de Mandato, con un estimado de mil 77 casillas en todo el estado de Querétaro, además de cinco casillas especiales para quienes se encuentren fuera de su distrito puedan emitir su voto.
La votación correspondiente tendrá lugar el domingo 10 de abril próximo, por cierto, Domingo de Ramos. Aquí está la primera cuestión. Porque como la reforma a la Constitución que incorporó a esta la figura de la “revocación de mandato”, se hizo cuando el actual presidente ya llevaba un año en el cargo, y como su mandato no será de seis años sino de cinco años y diez meses, es que se estableció un calendario diferente para el caso de que en su periodo se convocara a un proceso revocatorio, como sucedió.
Tal calendario especial aparece descrito en el cuarto transitorio de la reforma Constitucional de 2019, que señala los tiempos de cada etapa del proceso en esta ocasión.
Si alguien hace las cuentas, resulta que la fecha de la votación debió ser el domingo 6 de marzo, no el 10 de abril. Fue por ello que sus partidarios estuvieron invitando a firmar para solicitar su “ratificación” en el cargo, aunque en realidad en el fondo lo que pretenden es alguna modalidad de reelección.
Disponen también la Constitución y la ley que el INE y los órganos electorales locales “serán la única instancia a cargo de la difusión” de los procesos de revocación. Claro, señalando que “la promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos”.
En el caso de los particulares, se trate de personas físicas o morales, lo único que la Constitución les prohíbe es “contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos o ciudadanas”. Pero fuera de esta limitación, no hay para los particulares ninguna otra restricción.
En consecuencia, los particulares, los legisladores, sí pueden hacer uso de la prensa, de las redes sociales y en general de cualquier otro medio de comunicación, siempre que no sea la radio ni la televisión, para opinar y aun hacer propaganda en uno u otro sentido durante el proceso de revocación de mandato. Claro, con sus propios recursos y de ninguna manera con fondos públicos.
En forma un tanto sorpresiva y sin tener sustento constitucional, la Ley Federal de Revocación de Mandato, en vigor desde el 15 de septiembre del año pasado, establece en su artículo 32 disposiciones muy extrañas, por decir lo menos, acerca de la promoción en sí del proceso de revocación y de la propaganda que en torno a este les está permitido hacer a los partidos políticos.
Es verdad, los partidos no pueden hacer campaña a favor o en contra de la consulta, pero la ley deja un punto ciego y Morena lo va aprovechar, porque no se prohíbe a los legisladores hacer campaña sobre el tema.
Y eso lo aprovecha bien Gilberto Herrera, el morenista mejor posicionado en la entidad, para encabezar causas sociales como el reemplacamiento y ahora la revocación, y consideró que la consulta de mandato debe ser parte de la cultura de los mexicanos, para evaluar si los funcionarios electos deben seguir en el cargo.
Señaló que esta consulta ciudadana debe aplicarse no solo para el presidente de la República, sino también para los gobernadores del país y posteriormente para todos los representantes de elección popular.
Con un claro mensaje al mandatario Mauricio Kuri, que al momento no ha caído en la provocación.
