La ignorancia en materia constitucional salió a relucir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la novísima ministra Loretta Ortiz, aquella que fingiera resolver la violencia por medio de foros ciudadanos.
La ahora ministra argumentó que si la Constitución “no tiene restricción constitucional relativa a los parámetros de configuración de la pregunta, resulta innecesario excluir el efecto de continuidad en su redacción”. Tremenda ignorancia y malicia de Loreta.
La enviada de AMLO propone la constitucionalidad de la pregunta que se agrega a la “revocación de mandato”. Aquella que anexaron los morenistas en la ley reglamentaria y consiste en: “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su mandato”. Con el criterio político morenista insiste en la “confirmación o continuidad del mandato”.
La Constitución es muy clara y el ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo así lo asentó en su exposición de motivos. Por supuesto que tiene la razón jurídica y constitucional el ministro, dado que ninguna ley puede ir más allá de lo establecido por la Carta Magna, salvo que sea en beneficio de los gobernados; de lo contrario, la norma secundaria es inconstitucional. Cualquier estudiante de Derecho sabe de ello.
Pero la nueva ministra Ortiz pretende destruir el marco constitucional con su nulo criterio en la materia, que preña de sentido político y se aparta de los principios constitucionales.
De 11 ministros que integran en Pleno, se necesitan (al menos) 8 de ellos para la aprobación y declaración cuando una norma o acto emanado de la autoridad es inconstitucional. Corre el peligro de no aprobarse la propuesta de Pardo Rebolledo y que, una norma evidentemente inconstitucional, sea declarada constitucional por el máximo órgano en materia de impartición de justicia por falta de votos.
En el artículo 35 de la Constitución fracción IX, hasta por nueve ocasiones se refiere al término jurídico de “revocación de mandato”. Derecho de los ciudadanos a pedir la realización del proceso. Pero en ninguno los 8 (incisos) puntos de la fracción IX del artículo en mención, menciona la “ratificación”, bajo la expresión o redacción absurda de: “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su mandato”. Eminentemente el agregado no se apega a la norma.
Criterio banal el de la ministra Loretta Ortiz, sin ningún sustento jurídico o doctrinal, simplemente argumenta que, como la Constitución no lo prohíbe, luego entonces se puede alterar la norma a placer. La señora vino a romper con los profundos criterios de estudio y razonamiento que sustenten su tesis. Simplista la señora ministra, todo por darle la razón a López Obrador y enaltezca su ego al “ratificarlo” para que cumpla con su periodo de elección.
Ello es totalmente innecesario y absurdo, referente al criterio de la “ratificación”, dado que AMLO fue electo para un periodo de 6 años, protestó cumplir la Constitución, luego entonces el periodo de su elección. ¡No requiere ser ratificado! Además, la Constitución no prevé esa figura jurídica democracia participativa que denominan: “ratificación”; luego, ¿por qué esa redacción de la norma secundaria? Ocioso y malicioso el criterio de la ministra.
Lo curioso, cuando estaban en plena discusión del proyecto de sentencia, vino el “boicot” en la sala de plenos. Resulta que del sistema de aire acondicionado empezó a salir humo (seguramente negro), situación que “obligó” al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, a suspender la sesión para reiniciar la discusión mañana martes.
La presión hacia las ministras propuestas por AMLO pudiera hacer la conformación de un “bloque” y no lograr la mayoría calificada que exige la Constitución para declarar la inconstitucionalidad de la norma y otras más.
Otro acto inminente y abusivo de la 4T que hace peligrar la impartición de justicia. Vamos mal y todo hace suponer que puede empeorar la situación en México. De ahí que los legisladores de oposición sean el único dique para evitar que normas inconstitucionales puedan ser aprobadas.
Las leyes secundarias también están en peligro de arribar a la inconstitucionalidad, gracias a las huestes de AMLO, que ahora cobran como ministras, dispuestas a cubrir de constitucionalidad actos que eminentemente transgreden la Carta Magna.
