Aunque se pospone la audiencia de Ricardo Anaya programada para hoy para el 14 de febrero, el político queretano se encuentra en medio de una tormenta judicial, señalado por el gobierno de la 4T de haber formado parte de una red que habría recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma energética de 2014, resultado de las acusaciones de Emilio Lozoya dentro del caso Odebrecht.
Hasta ahora, la estrategia mediática de Anaya se ha centrado en confrontar abiertamente a López Obrador tal y como lo hizo con Peña Nieto en 2018.
En lo jurídico, sus abogados buscaron aplazar cualquier acción en su contra lo más posible, como quedó evidenciado con la comparecencia ante un juez en el Reclusorio Norte de noviembre pasado, la cual quedó finalmente para este 31 de enero.
Se supone que hoy es 31 de enero era un día decisivo para Ricardo Anaya: o se presenta a declarar o se presenta, se supone que no tenia de otra.
Pero con la novedad de que se pospone la audiencia programada para el día de hoy a las 9 de la mañana en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México.
El argumento, aunque no lo crea, es por complicaciones de salud del juez a cargo del proceso; le dio el bicho de la pandemia, y esta se llevará a cabo el 14 de febrero.
Aunque aparentemente Anaya no tiene para dónde hacerse y el 14 de febrero se tiene que presentar, eso aparentemente. Porque tiene margen para declararse perseguido político por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, argumento que muy pocos creerán pero que está dentro de las posibilidades.
O escabullirse por la falta de contundencia jurídica de la acusación.
Pero en 15 días tendremos un mártir o un preso, un perseguido político o un fugitivo.
La audiencia deberá ser presencial y no virtual como se buscaba por parte de Ricardo Anaya. Y repito, habrá que ver qué tan sólida es la acusación en contra de Anaya.
El mejor termómetro será su decisión de acudir o no a la cita del 14.
El riesgo es alto: ausentarse y ser considerado como sustraído de la justicia, o bien, presentarse y correr el mismo riesgo que Emilio Lozoya o el exsenador Jorge Luis Lavalle, quienes acabaron en la cárcel.
Pero más le vale al gobierno federal que la investigación contra Ricardo Anaya sea lo suficientemente contundente. No se le vaya a escabullir como lo hizo en el sexenio pasado, cuando Enrique Peña Nieto declaró al panista una guerra de misiles que acabó dejando en ridículo a la pasada administración.
Todas las baterías del gobierno federal, sobre todo en los últimos meses, se dirigieron en contra de Anaya y su familia para intentar acusarlo de lavado de dinero, corrupción en diferentes modalidades, en un entuerto de expediente que jamás se logró explicar claramente y que no ha tenido la contundencia suficiente para que permee en la opinión de los ciudadanos. O ha permeado, pero como ha sido la tónica del gobierno federal, polarizando, dividiendo.
Hábil y escurridizo, Anaya podría librar esta nueva batalla como lo hizo en el pasado si el expediente en su contra no tiene la suficiente contundencia.
Y de argumentación jurídica y argucias políticas, algo sabe algo el otrora llamado “Joven Maravilla”.
